Por un lado, la Autoridad del Canal anuncia que ya es una decisión tomada la construcción del embalse de Río Indio que, aparte de los costos directos de su construcción, estimados en más de 1,600 millones, desplazaría de sus lugares de habitación a los núcleos humanos asentados en las áreas que se inundarían, que pueden sobrepasar las 12,000 personas.
Por el otro, un reconocido profesional de la ingeniería hidráulica, Guillermo Torres ex director del IDAAN y de la Comisión de Aguas (CONAGUA), con argumentos de indudable peso rebate la conveniencia social, económica y, sobre todo, efectiva en el largo plazo de la decisión de la Autoridad del Canal.
Y, finalmente, los pobladores de las zonas que serían inundadas para construir el embalse de Río Indio, con inusitada vehemencia y por razones humanas se oponen a ser desplazados de su hábitat natural y, como mínimo, debe reconocerse que tienen el derecho a ser escuchados, especialmente porque con su protesta contradicen las afirmaciones de los regentes de la ACP de que se cuenta con su aquiescencia para desalojarlos de sus caseríos.
Entre los argumentos de mayor peso, sin hacer referencia a la enorme disparidad en los costos de uno u otro proyecto, el ingeniero Torres, cita el antecedente de que, por decisiones anteriores, la propia ACP había descartado el proyecto de Río Indio y agrega, el que parece un argumento, por demás atendible, de que con el proyecto de Río Indio no se garantiza el suministro permanente y suficiente para las necesidades del Canal y mucho menos para el consumo humano, lo que sí estaría garantizado con la alternativa de Bayano.
La crisis del agua, junto con la de la seguridad social, son los dos problemas prioritarios que debe enfrentar y resolver el país en su conjunto. Por tanto, las decisiones que se terminen tomando deben estar precedidas del más amplio debate y no estar circunscritas a ámbitos restringidos para acordarlas.
En el caso del Seguro Social, ese debate se ha dado; pero no así en el de la crisis del agua que, para que pueda culminar en beneficio de todos debe salir del estricto ámbito de la ACP y del gobierno y merecer una amplia discusión, para alejar la posibilidad de los desaciertos que, como está más que comprobado, no solo son costosos sino, también, fuente de innecesarias convulsiones sociales y económicas.
La crisis del agua, junto con la de la seguridad social, son los dos problemas prioritarios que debe enfrentar y resolver...
