- martes 08 de octubre de 2024 - 12:00 AM
El debate sobre los alcances de la autonomía universitaria es crucial, ya que históricamente ha sido un blindaje para la educación superior frente a los excesos del poder. La autonomía garantiza que el Estado cumpla con su responsabilidad de apoyar la educación sin intervencionismo indebido, permitiendo que las universidades promuevan el conocimiento y el progreso social de manera independiente.
Como ferviente defensor de la universidad pública, he luchado durante toda mi vida por una institución que fomente la movilidad social y el desarrollo humano sustentable. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos sido testigos de un grave problema: el abuso del poder, fortalecido por la reelección perpetua, que se ha enquistado en las instituciones educativas de Panamá. Este fenómeno ha comenzado a erosionar derechos fundamentales, entre ellos los humanos y laborales, que son conquistas históricas de los pueblos del mundo y están protegidos por convenios internacionales suscritos por nuestro país.
El caso de la Universidad de Panamá es un claro ejemplo de cómo la autonomía está siendo utilizada para violar derechos. Con autoridades que se aferran al poder por casi tres décadas, se niegan oportunidades a nuevas generaciones de profesores con ideas innovadoras y una verdadera vocación de cambio. Esta realidad socava la esencia misma de la autonomía, que no debe ser un escudo para el abuso de poder, sino un motor para el avance de la sociedad y la justicia.
