Dos cabezas de guineo fueron arrojadas frente a la sede de la Procuraduría General de la Nación, el pasado 29 de enero, acompañada del siguiente mensaje: “El contenido de esta entrega expresa la indignación ciudadana frente a la desigualdad en la aplicación de la justicia en Panamá. La corrupción no está solo en la calle. También está incrustada y enquistada dentro del Ministerio Público, cuando actúa con selectividad, omisiones o decisiones que favorecen la impunidad en casos de alto perfil”.
Y es que en diciembre pasado, dos señores fueron detenidos y sindicados, en Bocas del Toro, por el hurto de dos cabezas de plátano.
Sin embargo, en los casos de alto perfil, ya sea de blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito, estafa, corrupción y otros, la ciudadanía ha presenciado cómo no se investigan; o se absuelven a imputados o se revocan condenas o se rebajan penas; o no se devuelven los dineros producto de la corrupción aunque hayan condenas de por medio; o se declara nulidad parcial de los procesos; o se otorgan asilos pese a existir fallos condenatorios por delitos comunes; o bien se aplican medidas cautelares de forma distinta a los imputados, según su capacidad económica o su proximidad con el poder político.
Esta cercanía a los círculos de poder lleva a personas investigadas por estos delitos de alto perfil, a lograr ser postuladas por la partidocracia como diputados a la Asamblea Nacional o al Parlacen, de manera de ser beneficiadas por la inmunidad que ofrecen tales cargos, en el sentido de no ser juzgados por la justicia ordinaria sino por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (quienes, a su vez, son juzgados por los diputados), en una suerte de juzgamiento cruzado, que conduce a un círculo vicioso de impunidad, donde, al final, se piensa que nadie juzga a nadie.
La justicia selectiva también se ha expresado en función de la persecución política enfilada hacia dirigencias sindicales (por oponerse a reformas a la ley de seguridad social, lo cual no es delito) particularmente la del SUNTRACS. No es posible que sin dictadura militar hayan detenidos políticos.
Y al parecer, los intereses geopolíticos norteamericanos también se reflejan en fallos de los tribunales. ¡Es lamentable!
Urgen cambios constitucionales de fondo en la administración de justicia, que garanticen real independencia e imparcialidad.
