Anati: vía crusis documental

Durante mi ejercicio profesional, desde 1988, hemos observado que los trámites de titulación o reconocimientos de derechos sobre las tierras, son engorrosos por su tramitología, pero más aún por las competencias de sus funcionarios y por los entuertos que se presentan a la hora del manejo de un expediente.

Todavía recuerdo cuando en los inicios de mi gestión profesional, estos temas eran tratados por la Dirección General de Reforma Agraria que era una dependencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y que tenía su sede en la ciudad de Santiago, en donde todo se perdía y posteriormente por ‘arte de magia', aparecía su expediente.

Esperábamos que, con el avance de la modernización del Estado como una exigencia de las Instituciones financieras Internacionales en la década del 90, esta situación fuese a variar, pero en realidad nos equivocamos.

Con la aprobación de la Ley 59 de 8 de octubre de 2010, mediante la cual se crea la Autoridad Nacional de Tierras se abrió una esperanza que una Institución tan importante para el desarrollo económico del país, se ubicara a la altura de las exigencias de un Estado moderno.

Después de 12 años y parafraseando al insigne poeta RICARDO MIRO ‘Revuelvo la mirada y a veces siento espantos', nos espantamos de ver que problemas neurálgicos siguen sin resolverse, como lo son: funcionarios con apatía a la atención ciudadana, instalaciones físicas tétricas y lúgubres, desorden en el manejo de los expedientes, ya que por regla general es inaudito que no se encuentre su expediente, por lo menos entre 30 y 45 minutos, con suerte, aun cuando lo haya revisado una semana antes.

Esto debe cambiar, y nos tocara hacerlo en el 2024 y de eso que no se tenga ninguna duda, dado que estamos claros, que este Status quo, favorece y propicia el chantaje, la coima, la corrupción, y los negocios turbios como modus vivendi.

ABOGADO