Alternativa

INTERVENCIÓN EN LA CIDH

Durante la Audiencia temática el pasado viernes 28, en Washington DC, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los participantes por Panamá, subrayamos que:

*El Estado panameño continúa sin haber armonizado su legislación con los numerosos tratados internacionales de derechos humanos por los ratificados y su Gobierno, en lugar de protegerlos ha ido instaurando un sistema de control que aplica sin sustento legal alguno.

*Que el daño moral que se le infringe a la población es incalculable, pero se manifiesta a través del comportamiento del Estado, y en concreto de un sistema judicial que -absolutamente controlado por el Ejecutivo- incumple con los estándares internacionales y también, con su función de evitar la impunidad. Igual ocurre con el Legislativo, gracias al ‘transfuguismo’ remunerado.

*Que cabe preguntarse, ¿cómo podemos garantizar la responsabilidad que significa la administración del Canal o la ejecución de un Tratado de Libre Comercio, si no se está con la voluntad política de no permitir violaciones a las garantías fundamentales y a los derechos humanos que perpetran agentes del Estado o personas a su servicio?

*Que en su descomedido afán de hacernos olvidar que un país no es un negocio, hoy por hoy el Estado Panameño, por decisión unilateral del Gobierno, camina en sentido contrario a los objetivos de la Carta Democrática de las Américas y a los positivos logros alcanzados por el Sistema Interamericano.

*Que se han ido multiplicando los ataques a la libertad de expresión y al derecho a la información, así como el ataque y las amenazas a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación a través de medidas de diversos tipos, lo que en Panamá comienza a conocerse como el sicariato mediático.

*Que a estas prácticas no escapan los representantes de organizaciones de la sociedad civil, la cual ha sido sistemáticamente excluida por el Gobierno de poder participar en toda acción que afecte a los ciudadanos, salvo que se identifiquen con los propósitos gubernamentales.

*Que la decisión unilateral de la Fuerza Pública, con el consentimiento gubernamental y sin ningún sustento normativo de carácter legal, de practicar retenes policiales y la aplicación masiva del ‘Pele police’ que, en flagrante violación de las garantías fundamentales, ha sido aplicado a la mitad de la población del país, colocándonos a todos los panameños, en una especie de libertad condicional.

EL AUTOR ES ABOGADO Y CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO