Situaciones de acoso sexual estamos viviendo profesoras y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, poniendo de manifiesto, una vez más, las carencias de mecanismos de denuncia, investigación y sanción adecuados en la Universidad de Panamá (UP), para que podamos sentirnos seguras y desarrollar de manera normal nuestra actividad académica.
La Ley 7/2018, “que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios” (incluyendo acoso sexual), se aplica inequívocamente a nuestra Casa de Estudios, así como al resto de las instituciones públicas, empresas y centros educativos en general. Su artículo 5 le encomienda a la UP elaborar políticas públicas en esta materia, así como “fiscalizar a las universidades particulares”. Su artículo 6 le mandata a que establezca un procedimiento interno de quejas, que sea confidencial, proteja al denunciante y testigos, así como asigne castigos ejemplares. Su artículo 8 se refiere a las sanciones a aplicar: destitución con causa justificada al docente o administrativo, y suspensión por un semestre la primera vez y un año por reincidencia, si es estudiante, independientemente de la esfera penal aplicable por infracción de los deberes del servidor público (a las autoridades por no regular la materia en la institución) y de acoso sexual (a quien incurra en la conducta).
El Convenio 190 de la OIT, “sobre la eliminación de la violencia en el mundo del trabajo”, adoptado por la Ley 321/2022, obliga al Estado a prohibir la violencia y acoso contra los trabajadores, prever sanciones, garantizar medios de inspección e investigación efectivos de estas situaciones, adoptar estrategias integrales para prevenir y combatir estas conductas.
Las autoridades universitarias no pueden seguir siendo indiferentes en cuanto al cumplimiento de esta normativa, pues se trata de un flagelo que afecta sobre todo a las mujeres universitarias, que somos mayoría en esta institución.
Como Defensora de los Universitarios presentamos propuesta de Reglamento sobre Acoso Sexual al CGU, vía Rectoría, en julio de 2012 y febrero de 2017, pero fue archivada en ambas ocasiones. El Instituto de la Mujer, al igual, acaba de presentar a la Rectoría una propuesta de protocolo básico para la atención de denuncias por violencia de género.
La UP tiene que actualizar su normativa conforme a la Ley 7/18 y el C190 de la OIT, hacer un diagnóstico objetivo sobre la violencia de género en la institución, crear mecanismos eficaces de atención, dar respuesta ágil y eficiente a este tipo de casos y supervisar a otras universidades.
