Nuevos enfrentamientos en mayor región de Bolivia en el décimo día de paro

Sectores oficialistas y grupos que defienden el paro indefinido por el censo en 2023 se volvieron a enfrentar este lunes durante el décimo día de la huelga general en la ciudad de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia.

Un nutrido bloque de transportistas y comerciantes afines al Gobierno del presidente, Luis Arce, integraron una de las varias marchas programadas para esta jornada bajo la premisa de retirar los puntos de bloqueo para restituir la circulación de vehículos.

La movilización partió de la refinería de Palmasola, al sur de Santa Cruz, con el propósito de avanzar varios kilómetros hasta llegar a la Gobernación donde estaba previsto pedir la renuncia del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Inicialmente, los manifestantes oficialistas no tuvieron resistencia para retirar las llantas y otros objetos que se utilizaron para obstruir el paso de vehículos.

Sin embargo, más adelante se toparon con un pequeño grupo que mantenía el bloqueo y al que obligaron a retirarse activando petardos.

En respuesta, un grupo de vecinos salió con palos, mangueras y petardos para dispersar la marcha oficialista.

Un escenario similar se produjo en otra marcha que partió del populoso barrio Plan 3.000, uno de los bastiones políticos del Gobierno en Santa Cruz, que también fue repelida por los grupos que respaldan el paro.

ADVERTENCIAS DE SECTORES

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, dijo que "está claro que el censo ha sido un pretexto para desestabilizar al Gobierno".

En una conferencia en la Paz, Mamani Laura acusó a Camacho y al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, de usar la encuesta "para pedir la renuncia" del presidente Arce.

En la misma línea se pronunciaron otros sectores afines al Gobierno para manifestar su respaldo al presidente boliviano.

La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin) expresó su "respaldo contundente" y señaló que "algunos de la derecha están queriendo desestabilizar nuestro país".

Por su parte, el máximo dirigente de las llamadas comunidades interculturales, Esteban Alavi, señaló que su sector está organizado "para defender la democracia" y acusó al gobernador Camacho de intentar "matar de hambre a Santa Cruz" con el paro.

Asimismo, los llamados "poncho rojos", una comunidad campesina del altiplano de La Paz, dijeron estar "listos para el combate".

PEDIDO DE MEDIACIÓN

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), una organización critica al Gobierno, advirtió que la única forma para "pacificar el país" es que se inicie un proceso de diálogo con "mediadores nacionales e internacionales".

"El Gobierno ya no tiene la capacidad de hacerlo (dialogar), no ha logrado resolver los conflictos, que se están desbordando en actos de terrorismo de Estado movilizando organizaciones sociales para atacar el paro", dijo el principal dirigente del Conade, Manuel Morales.

El Conade propone que las iglesias católica y evangélica, junto a organismos internacionales, impulsen un acercamiento ante el riesgo de que se genere "una profunda crisis estatal".

Santa Cruz lidera las protestas para que el censo poblacional y de vivienda se realice en 2023 y sus datos se apliquen en 2025, gestión en la que están previstas las elecciones generales.

El Gobierno programó inicialmente el censo para noviembre de este año y luego lo postergó para 2024 aludiendo razones técnicas y la necesidad de "despolitizar el proceso".

En una reciente reunión entre el Gobierno, gobernadores y alcaldes se planteó la posibilidad de que el censo se realice entre octubre del próximo año y abril de 2024 en base a una decisión que debe tomar un equipo técnico.