Encadenados apoyan Ley de Amnistía

Familiares de presos venezolanos realizan protesta
  • miércoles 06 de abril de 2016 - 12:01 AM

VENEZUELA

Un grupo de familiares de políticos venezolanos presos se encadenó ayer frente a la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas, en apoyo a la Ley de Amnistía aprobada la semana pasada por la mayoría opositora que controla el Parlamento.

‘Esto es para hacer presión con la iglesia católica para que el Gobierno de una vez por todas sancione la amnistía', declaró a los periodistas Joel Guevara, quien se identificó como portavoz de la decena de manifestantes encadenados.

El nuncio Aldo Giordano recibió previamente de los manifestantes un documento y comentó que ‘no creía prudente' este tipo de protestas, reveló Guevara. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho que no dará curso a la decisión parlamentaria y abrió ‘una consulta pública' para que las organizaciones populares decidan qué debe hacer con la norma en un plazo que vence esta semana o, de lo contrario, entrará automáticamente en vigor.

‘Abro una consulta pública, un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones (...) me haga llegar su opinión de qué debe hacer el jefe de Estado con la ley criminal de amnistía que (la oposición) pretende imponer como un golpe de Estado", dijo Maduro el viernes pasado.

Tras ello, diversas organizaciones oficialistas comenzaron el pasado fin de semana a debatir en plazas de varias ciudades y mayoritariamente han pedido a Maduro que acuda a la Sala Constitucional del Supremo de Justicia a solicitar que anule la Ley.

Esta iniciativa presuntamente busca beneficiar a supuestos acusados de delitos de lesa humanidad, asunto que, entre otras cosas, desconoce acuerdos internacionales suscritos por Venezuela, según el argumento oficialista. Se trata de alrededor de un centenar de presos "que sufren maltratos inhumanos solo por pensar distinto", replicó hoy el portavoz de los familiares encadenados.

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ASUNTO

  • Esta iniciativa presuntamente busca beneficiar a supuestos acusados de delitos de lesa humanidad, asunto que (entre otras cosas) desconoce acuerdos internacionales.

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