Contraloría pone bajo la lupa contratos de Pandeportes
Recibieron denuncias ciudadanas relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva.
- viernes 07 de agosto de 2026 - 5:10 PM
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Agrega El Siglo en Google ↗️La Contraloría General de la República ordenó el inicio de auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes, luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva.
De acuerdo con la Contraloría, por la naturaleza, alcance y hechos expuestos en las denuncias, resulta necesario realizar una investigación especializada para determinar si las actuaciones administrativas, contractuales y financieras se ajustaron al marco legal y si los recursos públicos fueron administrados de manera correcta y transparente.
Las primeras auditorías estarán enfocadas en el contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en la provincia de Coclé.
El proyecto fue ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por las empresas Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.
La revisión abarcará de manera integral la ejecución del contrato, incluyendo las modificaciones aprobadas, adendas, ampliaciones de plazo, pagos realizados, liquidaciones y demás actuaciones administrativas vinculadas con el proyecto.
Los equipos especializados de la Contraloría examinarán expedientes administrativos, documentación financiera, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio, estados de pago y cualquier otra evidencia que permita reconstruir técnicamente la ejecución de los contratos.
La entidad fiscalizadora advirtió que ningún contrato quedará fuera del escrutinio, por lo que cada adenda, pago y liquidación será revisado con rigor técnico para determinar si los fondos públicos fueron manejados conforme a la ley.
La Contraloría aclaró que la apertura de estas auditorías no constituye un juicio anticipado contra ninguna persona natural o jurídica, sino el inicio de un proceso técnico e independiente que garantizará el debido proceso y el derecho de defensa de todas las partes involucradas.
En caso de que las investigaciones determinen la existencia de posibles lesiones patrimoniales al Estado o hechos con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para establecer las responsabilidades que correspondan.
