Un juez reitera la orden de captura de una paraguaya prófuga por el caso Ronaldinho

Un juez paraguayo reiteró este martes la orden de detención contra la empresaria Dalia López, quien presuntamente encargó los pasaportes falsos con los que ingresaron al país el brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano, que por ese motivo cumplieron varios meses de prisión preventiva.

En declaraciones a EFE, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla explicó que remitió por cuarta ocasión el pedido a la Policía Nacional y a la Interpol, para que sigan las pesquisas con miras a ubicar a la empresaria, prófuga desde marzo de 2020.

La solicitud incluyó la captura del brasileño Wilondes Sousa Lira, quien, según medios locales, fue declarado en rebeldía en diciembre de 2020.

La orden se conoció un día después de que la Policía Nacional de Paraguay informó del hallazgo de un vehículo abandonado en el estacionamiento de un centro comercial de Asunción, registrado presuntamente a nombre de López.

Además, aseguró haber firmado en los últimos tres años "uno o dos" pedidos de allanamiento por parte de las autoridades "en la intención de tratar de ubicarla".

López contrató a Ronaldinho para que tomara parte en un acto benéfico en Paraguay.

El futbolista y su hermano ingresaron el 4 de marzo de 2020 con pasaportes paraguayos originales que fueron adulterados bajo los nombres de Ronaldo de Assis y de su hermano Roberto de Assis. Ambos entraron por el aeropuerto internacional de Asunción, donde les esperaba López y fueron recibidos por decenas de aficionados y periodistas.

La empresaria fue imputada por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

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La Fiscalía señaló en ese entonces a López como presunta integrante de una organización criminal estructurada para "facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso", con el fin de "generar negocios jurídicos y/o beneficios patrimoniales".

Las imputaciones de Ronaldinho y su hermano derivaron en procesamientos a una veintena de personas, entre ellas gestores y funcionarios de Migraciones y de la Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional supuestamente vinculados a la manipulación de documentos.