A la reja 8 de los 11 imputados por delitos sexuales
A Tres se les aplicó la medida cautelar de casa por cárcel en audiencia celebrada ayer
- jueves 27 de julio de 2023 - 12:00 AM
Solo a 8 de los 11 detenidos por delitos sexuales en perjuicio de tres menores de edad se les ordenó la detención preventiva, mientras que a los otros tres se les aplicó la medida cautelar de casa por cárcel.
La audiencia de control de garantías culminó ayer pasada la 1:30 de la madrugada.
A 5 de los implicados en este hecho se les imputó cargos por delitos de explotación sexual comercial, entre ellos a Ada Jiménez y Alexander Sánchez, madre y padrastro de las menores de 13, 15 y 17 años.
Al cabo 1ro Kevin Reyes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), al funcionario del Iptc de Bugaba del Meduca y al funcionario de farmacia del Hospital Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles de la Caja de Seguro Social(CSS) , se les imputaron cargos por corrupción de menores y violación carnal agravada.
En tanto, el hermano de 22 años, que supuestamente llevaba a las menores a las fiestas donde eran vendidas, se le imputó cargos como cómplice primario de explotación sexual comercial.
A las otras 6 personas se les formuló cargos por delitos de actos libidinosos, corrupción de menores, violación sexual agravada y pago remunerado para mantener relaciones sexuales con las menores de edad, esto como parte de la operación ‘Trillizas' llevada a cabo en el distrito de Barú.
La fiscal Giselle Acosta sostuvo ante la juez de garantías, Bienvenida Chavarría, los elementos de convicción con los que contaba y solicitó la detención, sin embargo, los defensores plantearon los problemas de salud y la edad de tres de los imputados (64, 67 y 68 años), por lo que se le otorgó las medidas cautelares de arresto domiciliario.
Avelino Bonilla, abogado de la defensa del cabo del Senafront apeló la detención provisional y se fijó para el próximo 2 de agosto la audiencia ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Chiriquí.
Bonilla cuestionó que el Ministerio Público utilizara una rueda de prensa para tratar de presionar mediante la opinión pública a los jueces de control de garantías, además que se utiliza a un testigo que está señalado en otra investigación.
El código penal establece que los detenidos podrían pagar entre un mínimo de 21 a un máximo de 45 años de prisión por la diversidad de delitos sexuales que se le han imputado.
Según las investigaciones, varios de los detenidos organizaban fiestas clandestinas donde adultos mayores sostenían sexo con las menores, mientras la madre y el padrastro de las niñas recibían pagos de entre 15 a 40 dólares. Esta investigación inició desde el 2022 y el pasado lunes 24 de julio las autoridades judiciales realizaron allanamientos en las comunidades de Manaca, Chuchupate y Finca Corredor, en Barú, en la comunidad de Río Sereno de Renacimiento y en la provincia de Darién, donde los involucrados fueron aprehendidos. Además se logró la recuperación de indicios que son objetos de análisis por peritos forenses.
