Dos muertos: el día que Changuinola enfureció

DÍAS FÚNEBRES

La mañana del 8 de julio de 2010, iniciaba como cualquier jueves, el bocatoreño común inició su día como cualquier otro, sin embargo, la muerte se acercó al pueb lo y se quedó por tres días.

Los trabajadores de las bananeras de esa región agrícola e industrial de la provincia de Bocas del Toro, declararon una huelga indefinida, producto de su discrepancia respecto a una ley recién aprobada en la Asamblea Nacional.

La Ley 30 de junio de 2010, llamada ‘Ley chorizo', fue bautizada así porque contenía múltiples temas de diferentes tópicos, la norma introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluida la Ley orgánica de la Policía Nacional.

La Policía Nacional tenía instrucciones de cumplir con la Constitución, que establece la prohibición de cerrar las calles y avenidas del país. Pero algunos gremios, al ver al fuerte contingente policial, decidieron contravenir las normas y proceder a bloquear las vías.

Alrededor de las 7:00 de la mañana, los ajetreos entre dirigentes sindicales y algunos familiares de estos y la policía comenzaron. Nadie sabía como iba a terminar el enfrentamiento.

Los muertos

Ya, a las 11:00 de la mañana del día 8 de julio de 2010, Antonio Smith, se había convertido en la primera víctima de la violencia callejera. Murió por laceración pulmonar provocada por herida de arma de fuego (perdigones), de acuerdo con el resultado de la autopsia.

Las violentas protestas continuaron, el día 10 otro manifestante, Virgilio Castillo, fue derribado por los perdigones, a las 8:00 de la mañana, cerca al puente Torres, en Changuinola. La necropsia dictaminó que falleció, igualmente por laceración pulmonar producida por arma de fuego, (perdigones).

Dos menores, Migdalia Ábrego, de un año y seis meses de edad, y Einar Beker Salomón, de 10 meses de nacido, fallecieron en el hospital de la Caja de Seguro Social de Changuinola, donde se encontraban recibiendo atención médica. La necroscopia de Migdalia arrojó que su muerte se debió a un problema de asma, en tanto que, la de Einar, se estableció como desconocida.

Un centenar de indígenas resultaron heridos, algunos de forma severa y otros con problemas menores.

Posteriormente, y luego de concluir la trifulca, nació el Comité 8 de julio, su presidente Jacinto Quintero, y, a su vez, representante del Sindicato de Trabajadores de las Bananeras (Sitraibana), habló con El Siglo. En su declaración, Quintero explicó que efectivamente fueron dos los muertos en la gresca de Changuinola, además de los dos menores que ya estaban en el hospital. ‘Nosotros no queríamos que esto ocurriera, pero lamentablemente sucedió y esperamos que no se vuelva a repetir', indicó Quintero.

¿Conspiración?

El Siglo tuvo acceso a una declaración de un morador con más de 30 años de vivir en el distrito de Changuinola, donde se reconoce a varias personas, entre estas a varios dirigentes políticos, sindicales y empresariales azuzar a dirigentes locales del distrito.

‘La situación estuvo muy tensa en todo el pueblo de Changuinola, fue muy triste ver a las personas agredirse entre sí por situaciones que pudieron fácilmente resolverse', agregó nuestra fuente, desde un punto de las montañas de Almirante.

Documentos oficiales verificados por El Siglo, revelan la existencia de una denuncia penal contra el exministro de Seguridad de la época, José Raúl Mulino y otros dos funcionarios, por parte de tres abogados, que data del 26 de julio de 2010.

En tanto, José Raúl Mulino, sostuvo que el caso ya se cerró en la Procuraduría General de la Nación, por la entonces titular Ana Belfon.

‘Lo que ahí sucedió fue un envenenamiento para mentirle a los indígenas, sobre la abolición del Código de Trabajo y temas relativos a las conquistas laborales, eso no fue otra cosa que una conspiración de dos grupos políticos y sindicales', aseguró Mulino.

‘Yo no tengo ningún problema con ese tema porque no participé de eso, pero en el Consejo de Seguridad se manejaba una información de inteligencia de que algo iba a pasar para remecer al gobierno', destacó el letrado.

Triste final

Las autoridades de la época admitieron su error, de aprobar y luego sancionar una Ley sin explicar antes su verdadero contenido, los opositores por su lado trataron de sacar provecho político pero provocaron dos muertos y otros más de forma indirecta en la zona.

Los familiares de las víctimas lesionadas, y de los fallecidos, aún no han recibido ningún tipo de indemnización o resarcimiento estatal. Aunque en el año 2015, el actual gobierno del presidente Juan Carlos Varela, sancionó la Ley 144 que establece una pensión vitalicia para todos los afectados.

Tanto el dirigente sindical Quintero como el resto de involucrados, saben hoy que el saldo final fue funesto para todas las partes.