Una masacre sin respuesta
Crímenes que sacudieron al país y que hoy siguen con más preguntas que respuestas
- domingo 01 de noviembre de 2026 - 12:00 AM
El 6 de abril de 1986, Costa Rica vivió uno de los episodios más dolorosos de su historia criminal.
Una peregrinación religiosa durante el Domingo de Ramos terminó en una tragedia que conmocionó al país: siete mujeres, entre ellas seis menores de edad, fueron asesinadas en las inmediaciones del cerro San Miguel, en Alajuelita, San José.
Cuarenta años después, el caso continúa marcado por la impunidad y las interrogantes sobre la investigación que intentó esclarecer los hechos.
Aquella mañana, nueve mujeres de las familias Salas Zamora y Sandí Zamora participaron en una actividad religiosa en la conocida Cruz de Alajuelita. Entre ellas estaban Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, sus cuatro hijas y varias sobrinas.
Durante el ascenso, Rosario Zamora Martínez y su sobrina Cristina decidieron regresar antes de llegar a la cima. Las otras siete continuaron el recorrido.
Según reconstruyeron los nedios de ese país, las mujeres fueron vistas durante la tarde mientras descendían por la montaña. Sin embargo, nunca llegaron a sus casas.
La preocupación de sus familiares dio paso a una búsqueda en la que participaron autoridades y miembros de la Cruz Roja.
El lunes 7 de abril, las autoridades recibieron la noticia que transformaría aquella búsqueda en una de las investigaciones criminales más recordadas del país.
Los cuerpos de las siete mujeres fueron encontrados en una finca cercana al cerro San Miguel. Todas habían sido asesinadas con armas de fuego.
La noticia causó conmoción nacional. La muerte de una mujer adulta y seis niñas y adolescentes convirtió una jornada de fe y convivencia familiar en una tragedia que permanecería en la memoria costarricense.
El caso ha sido cuestionado por las dificultades de una investigación que, pese a las detenciones y los procesos judiciales, nunca consiguió establecer de manera definitiva quiénes cometieron los asesinatos.
Errores judiciales
Tras el hallazgo de los cuerpos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició las diligencias para identificar a los responsables.
Durante las pesquisas fueron señalados cuatro hombres y dos de ellos llegaron a enfrentar un juicio por su presunta participación en los hechos.
En abril de 1989 se dictaron condenas contra José Luis Monge, conocido como «Tres Pelos», y Arnoldo Mora , conocido como «Arnoldillo». Sin embargo, el proceso estuvo rodeado de cuestionamientos por las irregularidades cometidas durante la investigación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe de Admisibilidad 67/24, publicado el 8 de mayo de 2024, documentó las circunstancias judiciales del caso.
El organismo señaló que la sentencia condenatoria fue anulada en 1990 después de que se identificaran graves irregularidades, entre ellas actos de tortura para obtener la confesión de uno de los adolescentes procesados.
Luego se realizó un nuevo proceso judicial, que terminó sin una condena firme por los siete homicidios.
La investigación perdió fuerza mientras algunos de los sospechosos fallecieron y las autoridades exploraban otras posibles líneas para esclarecer los asesinatos.
El OIJ, en su apartado institucional «Hechos que marcaron nuestra historia», también reconoce que los procesos penales fueron anulados por errores procedimentales.
La institución señala que posteriormente surgió la hipótesis de que los crímenes podían estar relacionados con el denominado «Psicópata», a quien se atribuyeron otros asesinatos de mujeres y parejas ocurridos entre 1986 y 1996.
No obstante, esa posible conexión debe entenderse como una línea investigativa y no como una responsabilidad penal demostrada judicialmente.
La investigación también llegó a tener repercusiones internacionales. En 2021, familiares de las víctimas presentaron una petición ante la CIDH para denunciar la impunidad y cuestionar la manera en que se condujo el proceso penal.
En su informe de 2024, la Comisión declaró admisible la petición, lo que permitió examinar las posibles violaciones de derechos humanos alegadas.
El documento recoge tanto los argumentos de los familiares como la posición del Estado costarricense. Entre los derechos cuya posible vulneración se admitió para análisis figuran el derecho a la vida, las garantías judiciales y la protección judicial.
La memoria permanece
El tiempo no ha conseguido cerrar las heridas que dejó la masacre. Para los familiares, la pérdida de siete mujeres estuvo acompañada por décadas de incertidumbre y por la ausencia de una respuesta judicial definitiva.
La tragedia también dejó lecciones para las instituciones encargadas de investigar los delitos. El propio OIJ reconoce que, después de este caso, se fortalecieron los procesos de capacitación y las técnicas de recolección de indicios, aspectos fundamentales para el desarrollo de las investigaciones criminales.
La masacre de Alajuelita no es solamente un expediente policial ni una historia antigua de la crónica roja costarricense. Es también el relato de siete vidas interrumpidas, de familias que perdieron a sus seres queridos y de una sociedad que durante décadas ha esperado conocer la verdad.
El cerro San Miguel continúa siendo un lugar asociado con la tradición religiosa. Sin embargo, su historia quedó inevitablemente ligada a uno de los crímenes más dolorosos de ese país.
