Ministro Chapman se pronuncia sobre los puertos de Balboa y Cristóbal
- 25/02/2026 12:35
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que hasta el momento no hay reacciones de China
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, afirmó que hasta el momento “no ha escuchado ninguna reacción puntual” de China tras los cambios en la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal y por el proceso de arbitraje por parte de la empresa vinculada a CK Hutchison.
“Desde un punto de vista económico, no puedo adelantar hechos ni especular. Hasta ahora me siento tranquilo y no veo amenazas reales preocupantes”, declaró el ministro al ser consultado.
Chapman también señaló que, al analizar los depósitos bancarios provenientes del exterior y la inversión extranjera directa en Panamá, la participación china es “relativamente baja” en comparación con otros países.
La mayor parte de las inversiones extranjeras proviene de América y Europa, mientras que en Asia los principales inversionistas en Panamá son Japón y Corea del Sur.
En cuanto a la gestión temporal de los puertos, el ministro adelantó que, según proyecciones, la República podría recibir hasta 100 millones de dólares en un período de 18 meses, superando ampliamente lo que ofrecía el anterior contrato, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
El ministro indicó que, al finalizar el período de 18 meses, se realizará una licitación.
Hace dos días, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) asumió formalmente la administración de los puertos y presentó los contratos de los operadores transitorios ante el Consejo de Gabinete Extraordinario.
Arbitraje internacional
Sobre el arbitraje internacional presentado por la empresa vinculada a CK Hutchison, Chapman indicó que el reclamo supera los 1,500 millones de dólares, cifra que consideró alejada de la realidad financiera, en función de los aportes que el contrato generó para Panamá en los últimos 25 años.
Además, explicó que el Estado panameño ya cuenta con recursos presupuestados para cubrir los costos legales, como es habitual en un Estado de derecho ante controversias de inversión extranjera.