Ministra Jackeline Muñoz garantiza estabilidad laboral en transición de puertos

La transición en los puertos de Balboa y Cristóbal avanza bajo el mecanismo de sustitución patronal, con el objetivo de garantizar la continuidad laboral de los trabajadores. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que se realiza el llamado formal a cada colaborador para la firma del documento, en un proceso que se desarrolla de forma individual y con acompañamiento institucional.

Según explicó la titular del Mitradel, el procedimiento deja constancia de que se respetan la antigüedad, las prestaciones y todos los derechos laborales adquiridos. “La sustitución patronal debe establecer claramente que se conservan los años de servicio y los derechos de cada trabajador”, afirmó.

Muñoz reiteró que no habrá despidos durante la transición y que el Gobierno mantiene el compromiso de proteger el empleo. “Aquí no se despide a nadie”, subrayó, al señalar que el proceso también permite resolver dudas directamente con los trabajadores.

De acuerdo con la ministra, en el puerto de Balboa laboran 886 trabajadores y en Cristóbal 368, quienes continúan vinculados a sus funciones mientras se implementan los nuevos sistemas operativos. Además, más de 3.000 empleados de empresas auxiliares mantienen sus contratos vigentes.

Las nuevas operadoras, entre ellas APM Terminals y TIL, respetarán las condiciones laborales existentes, mientras los trabajadores participan en procesos de capacitación para la actualización tecnológica.

La ministra explicó que la operatividad total dependerá de ajustes técnicos relacionados con la instalación de nuevos sistemas, pero destacó que el planeamiento informático ya está en marcha.

Muñoz también desmintió versiones sobre una paralización laboral, aclarando que las operaciones continúan en fase de transición y que la suspensión temporal del servicio de internet responde a la implementación de los nuevos sistemas.

El proceso se da tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato de concesión que operaba Panama Ports Company por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que obligó a reorganizar la operación portuaria.

La funcionaria concluyó reiterando que los derechos de los trabajadores están garantizados y que el objetivo principal es mantener la estabilidad laboral y la continuidad de la operación portuaria.