Fiscalía aprehende a exdirector de la AIG por investigación patrimonial

Luis Oliva dirigió la AIG durante la administración de Laurentino Cortizo y ahora enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en plataformas estatales. Archivo / El Siglo
  • 29/05/2026 18:12

La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por presunto enriquecimiento injustificado y supuestas irregularidades vinculadas a Vale Digital

El exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue aprehendido este viernes 29 de mayo durante una diligencia realizada por las autoridades en una zona de playa del país, como parte de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La acción fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción, que adelanta varias investigaciones vinculadas al exfuncionario, quien dirigió la AIG durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles oficiales sobre las circunstancias de la aprehensión ni sobre los avances específicos del proceso judicial. Sin embargo, trascendió que Oliva también es investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado.

Las pesquisas se originan tras una denuncia relacionada con la supuesta cesión indebida de derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse económicamente de la plataforma Vale Digital, herramienta tecnológica desarrollada durante la pandemia y que posteriormente pasó a denominarse Listo Wallet en diciembre de 2022.

De acuerdo con las investigaciones, el caso busca determinar posibles irregularidades en el manejo y aprovechamiento económico de la plataforma utilizada para la distribución de ayudas sociales y otros programas estatales.

Desde septiembre de 2025, Oliva mantenía medidas cautelares de reporte periódico ante la Fiscalía Anticorrupción los días 14 y 28 de cada mes, además de impedimento de salida del país.

La aprehensión ocurre en medio de las investigaciones que mantienen las autoridades sobre el manejo de plataformas digitales estatales y posibles actos de corrupción relacionados con contratos tecnológicos durante la pasada administración.