Contraloría responde: niega extorsión y justifica retención de pagos
- 21/04/2026 16:30
La institución asegura que medidas responden a control del gasto y cumplimiento de la ley
La polémica entre diputados de la bancada Vamos y la Contraloría General de la República sube de tono. Luego de los señalamientos por supuesta “extorsión” y retención de pagos a funcionarios legislativos, la entidad fiscalizadora salió al paso y rechazó de forma categórica estas acusaciones.
A través de un comunicado oficial, la Contraloría aclaró que la suspensión de pagos “no responde a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas”, sino al cumplimiento estricto de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado.
Según la institución, estas acciones se fundamentan en disposiciones legales vigentes, incluyendo la Ley 32 de 1984 y la Ley 9 de 1994, así como en varias resoluciones emitidas entre 2025 y 2026, relacionadas con la verificación del cumplimiento laboral, específicamente el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos.
El punto clave: control de asistencia
La Contraloría explicó que incluso elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre la exoneración del marcaje en la Asamblea Nacional. La respuesta establece que solo el presidente del Legislativo y el secretario general pueden autorizar dicha excepción, situación que —según la entidad— no se ha cumplido en todos los casos detectados.
Niegan intromisión
Frente a las críticas de diputados, que calificaron la medida como una intromisión en el Órgano Legislativo, la Contraloría fue enfática:
“No existe, ni ha existido, intención alguna de interferir en el funcionamiento de la Asamblea Nacional”, señala el comunicado.
Además, advirtió que vincular estas acciones con debates legislativos “carece de sustento” y desvía la atención del objetivo principal: garantizar el uso correcto de los fondos públicos.
Siguen las tensiones
Este pronunciamiento surge luego de que diputados acudieran personalmente a la Contraloría a exigir explicaciones por la situación de al menos 39 funcionarios afectados.
Mientras tanto, la entidad reiteró que continuará ejerciendo sus funciones “con firmeza y responsabilidad”, e incluso adelantó que podría presentar denuncias ante las autoridades competentes si así lo amerita el caso.