Trasplante de órganos, una necesidad a la que no todos pueden acceder

Según el artículo 105 del capítulo sexto de la Constitución Política de Panamá, todo ciudadano, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, esto incluye el bienestar físico, mental y social.

Sandra Alonso es una guatemalteca, residente permanente en nuestro país hace más de 20 años, donde formó una familia en la provincia de Bocas del Toro, luego de conocer a su esposo en Estados Unidos cuando ambos eran becados.

Alonso se encuentra en diálisis hace más de 12 años y le urge un trasplante de riñón.

Sin embargo, su condición de extranjera, no le permite acceder a un trasplante, pues, según el artículo 6 de la Ley General de Donación y Trasplante de Componentes Anatómicos , el trasplante de órganos provenientes de un donante fallecido se realizará a nacionales, como primera opción, que formen parte de la lista de espera nacional. En el caso de ausencia de solicitantes nacionales, el componente anatómico podrá ser ofrecido a residentes extranjeros que estén en lista.

En Panamá, más de 200 personas se encuentran en lista de espera para un trasplante de órganos y la mayoría en espera de uno renal.

Pedro Vargas, paciente de hemodiálisis, tuvo un tercer trasplante en septiembre del 2021, para el cual le tocó esperar por 7 años. Según le comentó a El Siglo, percibe que no se está estableciendo la mejor estrategia para el procesamiento de donantes fallecidos que permitan mayor número de trasplantes, sobre todo renales.

Muchos de los pacientes consideran que debe haber un cambio de estrategias para la obtención de órganos a nivel nacional. Además, creen que la Caja de Seguro de Social, mediante el pago de turnos, las 24 horas del día, pueden estar atentos a captar los donantes de todo el país.

La familia de Sandra considera que este artículo es inconstitucional , porque atenta contra el derecho de su recuperación, al exigirle que sea naturalizada para recibir la donación de un donante fallecido. Igualmente, siguen en la lucha para lograr el trasplante y planean poner un recurso de garantías constitucionales por derecho a la salud y la vida.