‘Prescriben delitos electorales sin que hayan sido investigados'

VENCIMIENTO

En 13 días exactos los delitos electorales por el mal uso de las partidas circuitales, que pudieron cometerse durante las pasadas elecciones prescribirán sin que se haya dado resultado alguno de las auditorías, las que fueron solicitadas al contralor de la República Federico Humbert, aseguró el abogado Ernesto Cedeño.

El 4 de mayo de 2017 prescribe el delito electoral por el uso de $403 millones 496 mil 332 en partidas asignadas en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

Ante esta situación Cedeño, quien presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra los 71 diputados de la pasada administración, de los cuales 34 fueron reelectos, envió una nota al procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitando el nombre del funcionario responsable por dejar prescribir el delito electoral.

De acuerdo con Cedeño, el responsable no es más que el contralor Humbert, ya que desde el 6 de julio de 2015 le solicitó que realizara la verificación de rigor y este dejó vencer el término de tres años sin hacer nada.

‘A estas alturas aunque existieran auditorías con hallazgos no se puede hacer nada en el ámbito electoral, por lo que consideró que Humbert es cómplice del mal manejo de recursos del Estado al dejar que reine la impunidad", expresó al destacar que el contralor teme investigar a los diputados debido a que ellos son quienes lo nombraron.

En una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, el 12 de marzo de 2015, se dejó establecido que competía a la Contraloría exigir la rendición de cuentas por el manejo las ‘partidas circuitales' en el quinquenio 2009-2014.

Frente a las acusaciones Humbert manifestó que la Contraloría sí realizó las auditorías e incluso hace un mes entregó 106 informes de partidas que se manejaron políticamente en los períodos electorales. Estas auditorías están siendo evaluadas por de los fiscales, dijo.

Pacto de no agresión

Para el politólogo Richard Morales, este caso demuestra que existe complicidad entre los órganos del Estado y en específico un pacto de no agresión entre la Contraloría y la Asamblea Nacional.

Destacó que las fiscalizaciones de la Contraloría son débiles o nulas debido a que tanto los funcionarios de esta entidad como los diputados se benefician de los dineros de las partidas circuitales. y están protegiéndose mutuamente permitiendo que los delitos queden impunes.