Preocupa modificación a la Ley 51 de la CSS

Gremios sindicalistas han expresado su voz de alerta ante los intentos de modificación de la Ley 51, que rige la vida orgánica de la Caja del Seguro Social (CSS) para otorgar una pensión vitalicia a los afectados con el tóxico dietilenglicol.

La junta directiva de la CSS aprobó el pasado 19 de enero otorgar una pensión vitalicia entre $235 y $1,200 al mes.

Rafael Chavarría, representante del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (CONATO), advirtió que incluir las pensiones para los afectados del dietilenglicol es ‘ilegal’ y ‘sospechoso’, pues es el Estado es el que debe asumir esta responsabilidad.

Según el dirigente, para modificar la Ley Orgánica de la institución se debe realizar un diálogo nacional y no hacerlo a la ligera.

El CONATO indicó que estará vigilante en verificar que dentro de esta propuesta no se modifiquen otros artículos que pondrían en peligro los intereses de los trabajadores.

RECHAZAN PROPUESTA

Igual preocupación exterioriza el Comité por el Derecho a la Vida y la Salud, que además rechaza la cuantía propuesta por la CSS, pues aboga por una pensión mínima de $2,000.

Gabriel Pascual, vocero de la agrupación, considera que la propuesta de la CSS no beneficia en nada a los afectados, pues no cubre gastos como transporte, alimentación y medicamentos.

El dirigente cuestionó la forma en que se estableció la cifra de las pensiones, debido a que a la fecha la CSS no ha mostrado los estudios técnicos para establecer el presupuesto.

Según Pascual, hacer que las personas firmen un finiquito para poder recibir el beneficio va en contra de la Constitución, pues las personas que tomaron los jarabes con el tóxico tienen derecho a reclamarle al Estado los daños causados por las instituciones públicas.

BENEFICIO SE ADICIONARÁ A LA LEY

Guillermo Puga, representante de los trabajadores ante la junta directiva de la CSS, explicó que se le adicionará a Ley 51 del 2005 un artículo que especificará las pensiones vitalicias para los afectados.

Para este beneficio, Puga informó que la CSS destinará $6.5 millones, lo que después será devuelto por el Estado a la institución de seguridad social.

Las personas que se beneficien de la pensión deberán estar reconocidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Para recibir la pensión, que será de carácter voluntario, los beneficiarios deberán firmar un finiquito en cuanto a posibles reclamos por daños o perjuicios de carácter civil.