Investigarán estatus legal de Hurtado
Exdirectora de la Policía Secreta colombiana que se encuentra asilada en Panamá está procesada por espionaje en su país de origen
- sábado 31 de mayo de 2014 - 12:00 AM
INVESTIGACIÓN
La Fiscalía colombiana enviará a Panamá a un funcionario de alto nivel para conocer la situación legal de una exdirectora de la Policía Secreta que se encuentra asilada desde el 2010 y que en Colombia está procesada por espionaje.
La orden fue impartida por el fiscal general, Eduardo Montealegre, luego de que la víspera se conoció que la Corte Suprema panameña declaró inconstitucional el asilo que le fue concedido en noviembre de 2010 a María del Pilar Hurtado, exjefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Policía Secreta.
‘El director de Gestión Internacional de la Fiscalía, Francisco Echeverry, deberá viajar a Panamá —ojalá hoy mismo— para conocer directamente la situación legal” de la exfuncionaria, explicó la Fiscalía a través de su oficina de prensa.
El reporte oficial no indicó con qué funcionarios y qué entidades panameñas se reunirá Echeverry.
Hurtado, que se asiló en Panamá con el argumento de que en Colombia su vida corría peligro y que no tenía garantías para un juicio justo, es procesada por la Corte Suprema colombiana luego de que la Fiscalía la acusara de formar parte de una red de espionaje a magistrados, activistas, periodistas y opositores durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Al ser consultado por el caso de su otrora subalterna, Uribe dijo que la nombró en el cargo ‘porque ella venía con una hoja de vida impecable’. Aseguró que, antes de asilarse en Panamá, Hurtado asistió a todas las citaciones que le hicieron la Fiscalía y la Procuraduría.
La semana pasada el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que había hablado con el electo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y le había pedido que Hurtado fuera enviada a Colombia.
En febrero de 2009, medios locales denunciaron que el Departamento Administrativo de Seguridad interceptaba los teléfonos y les hacía seguimientos ilegales a magistrados, periodistas, activistas y políticos que, en su mayoría, eran contrarios al gobierno de Uribe.
