Defensoría sobre castración a violadores: "Va contra la integridad del ser humano"

La Defensoría del Pueblo rechazó la aplicación de la castración química para impedir reincidencia en violadores como parte de las consideraciones sobre el proyecto de ley para la modificación del Código Penal y Procesal Penal, que se evalúan en una subcomisión destinada a tal fin dentro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

María Trujillo de Asesoría Legal de la institución indicó que la castración química es contraria a la Constitución Nacional y a convenciones internacionales ratificadas por Panamá.

Para Trujillo, como pena accesoria constituye en sí misma un trato cruel, inhumano o degradante y es violatoria de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además que se constituiría en “un nuevo tipo de pena de castigo que no se encuentra establecido en la legislación penal vigente”.

Se conoció también, que la asesora dijo que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT), dirección adscrita a la Defensoría del Pueblo, propone “la adopción de la definición de tortura establecida por la Convención contra la Tortura de 1987 en la que incluye la participación no solamente de funcionarios públicos sino de terceros bajo la aquiescencia del Estado, además de la imprescriptibilidad del delito de tortura en todas sus formas”.

Resaltó que, de esta forma, estaríamos adecuando nuestra legislación a los estándares internacionales establecidos por la Convención contra la Tortura y a su vez estaríamos cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Nacional que señala que “La República de Panamá acata las normas de derecho internacional”.

El MNPT propone que el artículo 121 del Código Penal sea del tenor siguiente: “No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, tortura, de desaparición forzada de personas, y los crímenes contra el derecho penal internacional”.

El presidente de la subcomisión, Juan Diego Vásquez ponderó la participación de la Defensoría del Pueblo por su aporte en derechos humanos dentro de la discusión de posibles modificaciones a los Códigos procesal y penal, que incluyen aumento de penas.