Condenan a Giacomo Tamburelli y a Rubén Antonio De Icaza Arias por el caso PAN

La Fiscalía de Descarga Anticorrupción, representada por Adecio Mojica, luego de presentar recurso de apelación en diciembre de 2019, por la absolución de varias personas en el caso denominado Comida Deshidratada, logra que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, reforme la sentencia absolutoria del 16 de diciembre de 2019 y declara Giacomo Tamburelli a la pena de 48 meses de prisión como autor del delito de peculado doloso, a Rubén Antonio De Icaza Arias a 96 meses de prisión por peculado por extensión en complicidad de un servidor público con un particular y por uso de documento público falso y una tercera persona a 96 meses por peculado doloso, ya fallecida. Todo esto en perjuicio del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El Ministerio Público (MP) informó que los hechos tuvieron su génesis mediante denuncia presentada el 21 de julio de 2014, cuando de forma anónima se presentó en la Fiscalía Anticorrupción de Descarga documentos referentes al proyecto “Compra de Alimentos Deshidratados para el Almuerzo Universal en las Escuelas Públicas a Nivel Nacional 2011 “Nutriescuela” a través del Programa de Ayuda Nacional, contrato suscrito entre Giacomo Tamburelli en representación del Programa y Rubén Antonio Icaza Arias, en representación de la empresa Lerkshore Internacional Limited, a la cual se le adjudicó de manera directa.

"Fiscalía de Descarga Anticorrupción logró condenas para tres personas por delito de peculado en perjuicio de PAN, relacionado a irregularidades en la compra de comida deshidratadas, ocurridos en el 2011", posteó en Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

El informe de Auditoria de la Contraloría General de la República reveló una lesión de B/.44,994,061.44.

Muchos de estos alimentos se descartaron por vencidos, además, los estudiantes que los recibieron indicaron que estaban muy concentrados y en varias escuelas del país se encontraron cristales dentro de las bolsas de alimentos lo que fue advertido por los padres de familia. En cuanto a la contratación de la empresa no hubo acto público. Además, no contaba con el reconocimiento del mercado panameño y no tener solvencia económica para hacerle frente al contrato.