Acodeco investigó a 116 colegios particulares
- martes 28 de febrero de 2017 - 12:05 AM
ANOMALÍAS
Desde el año 2007 hasta el 2016, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recibido 158 quejas, por la suma de $152 mil 734 por incumplimiento de algunos centros particulares del país.
La información que está registrada en la página web de esa entidad destaca que entre los motivos de las denuncias interpuestas por padres de familia está la falta de información, incumplimiento del contrato de los servicios, y cobro indebido, entre otros.
Estas se dieron en 116 planteles educativos, de los cuales tres recibieron fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Kathya Echeverría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (UNCEP), advirtió que aquellos colegios particulares que realicen actividades como ventas atadas o solicitud de insumos no vinculados con el aprendizaje pueden ser sancionados.
Dijo que están a la espera de que la Acodeco les rinda un informe final de la cantidad de denuncias y multas que se han presentado hasta la fecha contra los colegios particulares, porque de esta manera se seguirá mejorando la calidad en la educación particular.
Añadió que, debido al incrementó de la matrícula, muchos padres de familia han retirado a sus hijos de los colegios privados y los han matriculado en los planteles oficiales del país.
Javier Lombardo, de la Unión Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y Acudientes de Centros Educativos Particulares, sostuvo que el jueves 2 de marzo le solicitarán a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional (AN), que entregue el borrador que unifica los anteproyectos de ley 184 y 402, que habla de la parte administrativa que debe regir los centros educativos privados del país.
Explicó que con esta ley, que debe pasar a primer debate en la AN, desean que exista una fuerza legal en los planteles particulares, se eliminen por completo las donaciones para matricular a los estudiantes, que va de $ 500 a $15 mil, se regule el periodo de uso de los textos escolares de tres hasta cinco años y que se añada un porcentaje del aumento de la matrícula para el uso de la tecnología.