- martes 10 de diciembre de 2024 - 7:36 AM
Las controversia por el contenido de las reformas a la ley del Seguro Social propuestas por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, no enfrentan hoy a partidos políticos. Como quiera que el futuro de la seguridad social no distingue entre “opositores y gobiernistas”, el aumento de las muestras de rechazo ciudadano contra ese nefasto proyecto legislativo, a medida que se va acercando la fecha tope impuesta para su aprobación.
Hay consenso en la necesidad de la reforma. De seguro que no habrá cambios en la fuente de los recursos disponibles, ni en los servicios que prestarán a los beneficiarios. Sin embargo el continuar con las jubilaciones, y sobre todo, las actividades que se incluyen para incrementar los aportes, parecieran generar un serio escozor colectivo.
Nada pasó cuando a consecuencia de malos manejos y de algunas “malas inversiones”, su liquidez fue puesta en aprietos. Lo mismo viene ocurriendo con las deudas en concepto de retenciones, y la cifra aumenta y aumenta. No hay cómo sustentar que el aporte solidario de los asegurados y beneficiarios deban costear las jugosas jubilaciones especiales, que como un privilegio “mal habido”, disfrutan algunos servidores públicos.
Por difícil que sea la situación financiera de la Caja, debemos rechazar toda solución que sugiera poner a disposición de banqueros. Los reclamos de los asegurados por los deficientes servicios que recibían, hacían saltar de la “contentura” a muchos empresarios, pues a causa de la pretextada ineficacia administrativa veían que se estaba llegando el momento que caerle a esos cuantiosos recursos.
Si en ese escenario los intereses de las mayorías quedan al descubierto, ¿sobre la base de qué se pensará que la ciudadanía va a aceptar semejante atropello? Como simples actos de cortesía oficial funcionaron algunas “mesas” de diálogo instaladas, pues sus sugerencia cayeron al vacío. Hay en el ambiente la sensación de que se nos están ocultando las verdaderas intenciones del proyecto de reforma, y que por supuesto, no favorecen a las mayorías.
La Asamblea de Diputados tendrá la última palabra: o a la fuerza prohíjan ese proyecto, o se pone del lado de los electores a los que representan.
