Tú sí y tú no

El nacimiento del Pacto de Estado por la Justicia vio la luz en el año 2005, bajo la administración del presidente Martín Torrijos, y surge como un ente representativo y participativo de la sociedad en el proceso de mejoramiento de la justicia panameña, haciéndolo participe incluso en el proceso de evaluación de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando el ejecutivo haga la convocatoria pública.

La selección de los magistrados de la Corte siempre ha sido una de las principales críticas de la sociedad por la forma en que aparece establecido en la Constitución Política dentro de las facultades privativas del jefe de Gobierno.

Lo cierto es que para cambiar este acto presidencial, se requiere reformar la Constitución, cosa que ha sido imposible.

Sin embargo, con el fin de hacer partícipe a la sociedad en ese proceso y darle un grado de participación, con el Pacto se abre la puerta a este canal participativo de quienes aspiren a llegar al Palacio Gil Ponce.

¿Hasta dónde puede llegar el Pacto? ¿Puede obligar al presidente a elegir a quienes ellos recomiendan, violando los preceptos constitucionales? La respuesta en el caso de la primera interrogante, es recibir la hoja de vida de quienes aspiran llegar a la Corte, y confrontar si cumplen con los requisitos constitucionales para ello, además de examinar si alguno se enmarcan dentro de las prohibiciones constitucionales absolutas que los pueda dejar fuera de la carrera.

La otra parte que debe desarrollar el Pacto de Estado por la Justicia es realizar una entrevista a quienes cumplan con los requisitos, con el fin de conocer aspectos de esenciales de su vida profesional y personal. Para luego remitir un listado al Ejecutivo de quienes acudieron a la convocatoria, y si cumplen con los requisitos legales para ello.

En el caso de la segunda interrogante, referente a si el Pacto puede obligar al presidente a elegir de una lista que ellos propongan para el cargo, nos parece que podría caer en una clara injerencia en la facultad exclusiva que tiene el presidente.

Ya salió una supuesta lista de recomendados por el Pacto hacía el presidente Cortizo, que nos parece desatinada, porque han excluido a 85 profesionales del derecho que cumplen con lo que exige la Constitución para ser magistrados, y prácticamente diciéndoles a unos "tú sí y tú no".

Lo que debe ser un proceso transparente, se está convirtiendo en un proceso cuestionado, afectando no solamente a quienes de manera objetiva ven en esta convocatoria un ideal de llegar por sus méritos académicos y profesionales a ocupar una silla de magistrado del Pleno.

En otras palabras, no debe existir listas que salgan recomendando a uno u a otro

Quienes se hicieron eco del llamado, deben ser remitidos al Ejecutivo. Para que este en la soledad de su despacho elija a quien considere pueda ocupar esa posición por los próximos 10 años.

Abogado