¿Y si tienen la razón?

Cuando el Grupo Unidos por el Canal, el GUPC, suspendió arbitrariamente las obras de la ampliación, el administrador Quijano concurrió a los medios y en tono tajante lo amenazó con rescindir el contrato, cobrarle una multa por atraso de 300,000 dólares diarios, exigir indemnizaciones y adjudicar a otra empresa la culminación de la obra.

Al final de las cuentas ninguna de esas bravatas se cumplió. Al GUPC no se penalizó por la suspensión de las obras, se le hicieron ajustes por más de un centenar de millones, se le prorrogó el plazo para la entrega de los trabajos y, esto es lo más sorprendente, se le adelantaron mas de 500 millones para que pudiera completarlas.

A pesar de todas esas canonjías, el GUPC, adicionalmente, continuó reclamando sumas de diferentes montos que ha atribuido a sobrecostos de los que hace responsable a la Autoridad del Canal. Algunos de ellos ya le han sido reconocidos y pagados, así lo ha aceptado el propio Quijano, quien, con un candor digno de mejor causa, los justificó diciendo que el GUPC había pretendido una suma mayor a la que se le canceló.

La ampliación se concluyó con un año de atraso. Por consiguiente, también la recepción de los ingresos pronosticados que, dicho sea de paso, están por debajo de lo esperado. Y ahora para rematar, nos desayunamos con la espeluznante noticia de que el GUPC no ha devuelto los adelantos que se le hicieron, que estos están en el aire, pues no se les protegió con garantías bancarias y con que el GUPC está demandando pagos adicionales por otros 5,600 millones.

Ante esta cada vez más alarmante situación, el administrador nos ha vuelto a regalar otro galimatías que nada aclara y solo sirven para encender más alarmas. Si el nuevo y astronómico reclamo tiene o no fundamento, eso es lo que tiene que aclarar el administrador. ¡Y para luego es tarde!