Resumidas en “cápsulas”, las razones son las siguientes:
Una. Porque, a pesar de que, de los “diálogos” celebrados en la presidencia, deliberadamente, fueron excluidos importantes sectores populares, la abrumadora mayoría de los participantes -así lo reconoció el Sr. Mon- demandó la vuelta al “Sistema solidario”, y esa demanda no fue tomada en cuenta por el Órgano Ejecutivo.
Dos. Porque el Ejecutivo, desdiciéndose de sus afirmaciones de que “los dueños de la Caja son los asegurados”, en el Proyecto 163, se les despoja de su legítimo derecho a decidir cuándo, cómo y dónde deben invertirse los recursos que ellos han aportado, otorgándole al director Mon y al ministro Chapman la potestad de tomar esas decisiones.
Tres. Porque, habiendo tenido la oportunidad de honrar su afirmación de que los jubilados nunca estarían en riesgo de recibir, íntegras y puntualmente sus pensiones, el Órgano Ejecutivo ha pretendido chantajearlos con la amenaza de reducirlas, si no le aprueban el mamotreto del Proyecto 163 durante las sesiones extraordinarias.
Cuatro. Porque violando su deber constitucional de respetar la separación de los poderes públicos y la autonomía del Órgano Legislativo para decidir cómo ejerce sus funciones, el Ejecutivo, por boca del ministro de Salud, ha llegado hasta la osadía de ordenarle que suspenda las consultas del Proyecto 163.
Cinco. Porque, tanto la bancada oficial como la del PRD; la mayoría de los restantes diputados y diputadas y la casi unanimidad de quienes han concurrido a las consultas en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, han expresado profundos desacuerdos con los contenidos del Proyecto 163.
Sensato, por tanto, si es que el Gobierno quiere alejarse del rumbo suicida que ha tomado, cumplir su obligación de gobernar para las mayorías y respetar la voluntad de los asegurado es que: 1) reconozca que su proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en las sesiones extraordinarias; 2) que, por cuanto la vigencia de las reformas que pudieran aprobarse sería a partir de marzo del 2025, solicite posponer su discusión para el período ordinario de sesiones; 3) que respete la autonomía de la Asamblea;4) que se manifieste dispuesto a acoger los cambios que deben hacérsele al Proyecto 163; y 5) que garantice el pago de las pensiones, incluyendo, como oportunamente debió haberlo hecho, en el Presupuesto del 2025, el aporte del Estado para mantener la liquidez del IVM.
