El plan en que no podemos caer

Existe un plan perverso para alejar a los buenos panameños de sus funciones como ciudadanos. Como ciudadanos, todos estamos en el deber de luchar por un país con transparencia, rendición de cuentas, respeto a las libertades, derechos humanos y lo que quisiera resaltar en este artículo, la participación fiscalizadora con el fin de tener una democracia liberal y republicana que frene los abusos del poder.

Martin Luther King manifestó que ‘No me duelen los actos de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena’, y a muchos nos duele que hay ciudadanos que están cayendo en este plan perverso para que la gente buena no se involucre en la cosa pública, que dicho sea de paso, es la que nos llevará hacia el Primer Mundo, con desarrollo, felicidad y justicia social, o nos estancará en el Tercer Mundo, en un país que aunque tiene crecimiento económico: ‘Roban, pero hacen’.

Este plan, orquestado por quienes detentan el poder político y/o económico, en primer lugar, consiste en, mediante actos de deslealtad, transfuguismo, corrupción, pero sobre todo chabacanería, ensuciar lo más posible una actividad tan noble (en su esencia) como es la política. Así logran que muchos ciudadanos se alejen de ella, pero no dándose cuenta que les dejamos el camino libre a los malos, y quizás olvidan que la política no se limpia sola, sino que se limpia con la participación de la gente decente, que estoy seguro somos más.

La segunda parte consiste en actuar sin rendición de cuentas y controlar las instituciones. Consiguiendo lo primero, los buenos ciudadanos no nos enteramos de los chanchullos que hacen; y con lo segundo, quitan la esperanza para presentar las denuncias, quejas y en fin, lograr que no ejerzan sus derechos, pues dicen los que cayeron en el juego que ‘nada va a pasar’. La tercera parte es atraer el voto mediante propuestas populistas lo cual es simplemente: ‘Pan para hoy, y hambre para mañana’. Me di cuenta del plan y decidí pasar de la crítica a la acción. Por lo anterior, denuncié a la contralora por una fiesta cuyos 200 mil dólares serviría para mucho si se enfoca en el pueblo; al fiscal electoral por rehusarse a hacer su trabajo en evitar los delitos electorales; o a Sergio Gálvez, por utilizar los recursos del Estado para promocionar su candidatura.