• martes 21 de enero de 2025 - 12:00 AM

Participación ciudadana y alfabetización constitucional

La democracia participativa es el nuevo paradigma constitucional que debe sustituir al modelo, ya periclitado, de “democracia representativa”, donde el electorado depositaba su voto a favor de “representantes” en cada período electoral, con la potestad de estos de tomar sus decisiones al margen de la voluntad popular y en la generalidad de los casos a favor de los intereses oligárquicos de turno. La ficción de la “representación política” hizo crisis en nuestro país en función de la corrupción y el clientelismo.

Por el contrario, la democracia participativa implica que la participación ciudadana se vea como un auténtico derecho, entendiendo como tal a la igualdad de oportunidades que debemos tener todos los ciudadanos para ser parte activa en la toma de decisiones y acciones decisivas en el plano nacional. Esta participación debe consagrarse plenamente en un nuevo texto constitucional, de manera de poder ser ejercida mediante la postulación a cargos de elección popular a través de diversas instancias sociales y no sólo por los partidos políticos tradicionales, así como posibilitando mecanismos de democracia semidirecta y comunitaria o de consulta permanente como el plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, revocatoria de mandato, iniciativa legislativa, tal como lo consignan constituciones de países vecinos como Colombia, Bolivia y Ecuador. Pero, a la vez, implica que en el día a día del acontecer político panameño debemos estar vigilantes y en estado de alerta para que nuestros representantes honren sus compromisos electorales y tomen en cuenta nuestras opiniones.

Los cambios constitucionales no deben obedecer a requerimientos puntuales de potencias extranjeras o propósitos de legitimación de regímenes de facto o intereses reeleccionistas de presidentes de turno o finalidades mediatizadoras de movimientos ciudadanos en pro de la constituyente. Deben responder a las necesidades sociales de la colectividad, cónsonos con los derechos humanos reconocidos internacionalmente en la dirección de garantizar un Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho.

Felicitamos, entonces, la iniciativa de la llamada “Alfabetización Constitucional”, dirigida por la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), creada por el Decreto 488 de 24/8/24, con el propósito “preparar a la ciudadanía para protagonizarse activamente y con conocimiento en el proceso constituyente que definirá un nuevo pacto social”, pues somos firmes creyentes que la participación ciudadana, de cara a un proceso constituyente originario, es la única vía para superar el franco deterioro de la institucionalidad democrática en que nos encontramos.

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