En el mes de diciembre se conmemoran dos fechas importantes el 1 de diciembre por el Aniversario del día mundial del SIDA, proclamado el 27 de octubre de 1988, aprobado por la Organización Mundial de la Salud y respaldado por la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General de la Naciones Unidas.
Y el segundo, evento se fija el 10 de diciembre por el Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 217ª (III) en París Francia.
El reconocimiento de estos derechos mínimos y no excluyentes marcarían la evolución de muchos países del planeta, donde la tiranía y la ausencia del respeto a los ciudadanos prevalecía.
El mundo entero ha logrado valorar los 76 años de vida de esta Declaración Universal, y el respaldo que han tenido por los países del mundo, permitiendo acercarnos a la paz anhelada de muchas regiones, y a la oportunidad de participación en la construcción y desarrollo de nuestras naciones.
Ahora bien, los ciudadanos conocen ¿cuáles son sus derechos? La respuesta a ello es que probablemente no, debido a que en su entorno no debe hacerlo, como lo hace un estudiante de derechos, un abogado, o un parlamentario.
Dejando a ese ciudadano en la ignorancia más profunda, e imposibilitando la detección a la lesión de sus derechos porque no los conoce.
Lo mismo ocurre, con nuestra constitución política cuando desconocemos las garantías y derechos fundamentales al igual que cualquier derecho del individuo que lo sigue como la sombra al cuerpo.En Panamá, una institución que tiene sobre sus hombros como un estandarte los Derechos Humanos es la Defensoría del Pueblo.
Con la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 se crea la Defensoría del Pueblo, y las actuaciones del Defensor del Pueblo están descritas en los Artículo 2 y 4 de esta Ley.Aunque la Defensoría del Pueblo tiene 27 años de existir, sentimos que no hay una voluntad real de los diputados de la República de brindarle el poder que merece el titular de esta institución para poder funcionar.
Una Ley que es una camisa de fuerza, un presupuesto inadecuado que impide desarrollar acciones impactantes.En otras palabras, los Defensores del Pueblo, han trabajado con lo que tienen, pero sin alcanzar la excelencia en el servicio.
