Licencia, pero sin sueldo

Lo que durante muchos años, como sociedad criticamos, la Honorable Corte Suprema de Justicia le puso un punto final.

Se trata del beneficio que recibían los representantes y sus suplentes al igual que los alcaldes y vicealcaldes quienes bajo la figura de licencia con sueldo, les permitían recibir durante los 5 años el salario si eran funcionarios públicos y decidían participar en política, y resultaban electos.

Un fallo sin precedentes que es como lo calificaríamos, que retoma el respeto a nuestra constitución y a los lineamientos supremos que ella resguarda, acaba con la desigualdad que se había hecho costumbre y hábito en el sector político, de cobrar un salario sin trabajarlo, justificando que el pueblo los había elegido.

A lo que nos preguntamos, si el pueblo aplaudiría que se le pagara ¿a servidores públicos que no trabajen? ¡Cuanta desfachatez!. Lo cierto fue que el 11 de abril de 2022 a las 11 a.m. se publicó el Edicto 444 en la Secretaría General de la Corte, que recibió un estallido de aplausos ciudadanos, pues se terminaba la era de los privilegios para los funcionarios protegidos por la ley que descentraliza la administración pública.

La demanda presentada en octubre de 2021 contra los artículos 72 y 83 de la ley 37 de 29 de junio de 2009, reformada por la ley 66 de 29 de octubre de 2015, presentada por el abogado Roberto Ruíz Díaz acusó de inconstitucional dichas normas, ocasionado que el pleno de nuestra máxima corporación de justicia se pronunciara.

El fallo de 14 de marzo de 2022, señaló un orden de normas constitucionales invocadas en la acción promovida por el letrado como fueron los artículos 17, 19, 302 y 303. Además coincidieron con lo descrito en la opinión del honorable procurador de la Administración al citar el articulo 163, en el cual se prohíbe a la Asamblea aprobar leyes que vayan en contra de la Carta Fundamental.

La decisión del Pleno, es un digno documento de ser analizado y discutido en los semilleros de los futuros abogados y será sin duda un tema obligado de sobremesa en cafés y restaurantes, por su valor intelectual. Aunque la gran interrogante que muchos han olvidado es ¿cuanto pagó el Estado a estos funcionarios desde que se aprobó este privilegio, hasta que se declaró inconstitucional? Esta respuesta, solamente podrá responderla el Contralor General de la República.

ABOGADO