Justicia, política y encuestas 

Estos últimos días, han sido dominado por una telaraña de especulaciones sobre lo que ha ocurrido desde la designación de los Magistrados del Tribunal Electoral y los de la Corte Suprema de Justicia.

Cuestionamientos vienen y van, sobre los que ocurrió dejando una estela de dudas a su paso, sin explicación lógica, en un país donde los tres poderes del Estado son independientes y surge la interrogante si la armónica colaboración trasciende los preceptos constitucionales.

Lo cierto es que todo, presenta una serie de elementos de los que resulta una perversa teoría de la conspiración que no edifica ni ayuda a brindarle confianza a la ciudadanía.

Hace poco más de 48 horas, se hizo público el listado de las personas llamadas a juicio por el Órgano Judicial, y cuyo listado es encabezado por 2 expresidentes y un número plural de colaboradores de alto perfil de los gobiernos respectivos.

Todo esto a un año y meses para que se celebren las elecciones generales donde “los que están se quieren quedar y los otros que no están quieren llegar”. Sin embargo, no podemos desconocer ciertos valores que llevan a la sociedad panameña a reflexionar sobre los resultados de una mala elección electoral y su impacto en la vida cotidiana de todos nosotros.

Es así que la Política, pasa a desarrollar una serie de acciones que pueden dejar ver los resultados del poder y donde la independencia de los poderes del Estado queda entredicho afectando por un lado la confianza en dichos órganos, y por el otro, inquietando la posibilidad de que el bienestar que deseamos para nuestro país sea desconocido dándonos una receta de candidatos para el próximo lustro, para con ello sigamos igual.

Las encuestas han revelado una jerarquía dentro de la simpatía ciudadana, y suponemos el proverbio de que en el amor y la guerra todo se vale, suponemos que esta no es una excepción a tal máxima.

Mucho se habla del tiempo que demoren los procesos, y si con ello, generaría la inhabilitación constitucional para el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República que contempla el artículo 180 de la Constitución Política de Panamá.

Que establece una serie de supuestos para tal inhabilitación y es que la persona sea condenada por delito doloso con pena privativa de la libertad de 5 años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

Seguramente volverá al tapete, el tema si basta el fallo o sentencia de un juez de primera instancia o debe contemplarse la posibilidad que se agoten todas las instancias judiciales producto de los recursos que se pueden interponer para que la inhabilitación se perfeccione.

Lo único que debo destacar que es constitucionalmente la presunción de inocencia es una garantía constitucional y el derecho que tiene todo ciudadano que lo sigue como la sombra al cuerpo.

En otro orden de ideas, el gobierno ya comunicó que quien quiere aspirar a un puesto de elección popular, deberá renunciar en enero de 2023, sin posibilidad de retorno a la Cosa Pública. Lo que abrirá la puerta a que el gobernante haga algunos ajustes en el ocaso de su gobierno.

Abogado