Esta semana, un gremio docente regresó a las protestas. El piquete cuestiona que muchos colegas aún no han podido reincorporarse a las aulas tras los 80 días de huelga por la reforma a la Ley de la Caja de Seguro Social.
A través de las redes y otras plataformas, se ha divulgado que cientos de esos educadores atraviesan penurias económicas al no contar con los ingresos que tenían antes del cierre de calles.
Durante aquellos meses, las autoridades de Educación les hicieron reiterados llamados a regresar, pero no todos respondieron. Algunos docentes retomaron las clases; otros se mantuvieron hasta el final, cuando un acuerdo negociado en la Asamblea puso fin al paro que preocupaba a los padres de familia, sobre todo a los que tienen hijos en graduación.
El año lectivo continuó su curso, aunque marcado por las secuelas de la pandemia, cuando los alumnos recibían clases mediante plataformas digitales. Ese rezago sigue afectando el aprendizaje de los estudiantes del sistema oficial, los más golpeados por la prolongada paralización.
Las protestas pueden ser legítimas, pero cuando la educación se detiene, el precio siempre lo pagan los estudiantes.
