¡De haber escuchado a tiempo . . !

Las alarmas que han activado las noticias que provienen del Brasil y otros países sobre las conductas delictivas de Oderbrecht, que presagian profundas repercusiones en Panamá, especialmente después de los Fonseca Papers, como era de esperar, han obligado a reaccionar a nuestras principales autoridades.

Particularmente, me interesa referirme a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, quien ha recomendado que la empresa brasileña opte por ‘rescindir los contratos que tiene con el Estado panameño y cederlos a otras empresas', como la vía para zanjar la cuestión.

Hay que asumir, para conceder el beneficio de la duda, que la propuesta del diputado De León está animada por una sana intención más, sin embargo, también es necesario advertir sobre su inoportunidad y, sobre todo, de su inconveniencia, en términos políticos. Las andanzas de la empresa Oderbrecht, por el monto de los contratos que se le han otorgado, que suman más de 9,000 millones, que arrancaron durante la administración Torrijos, no son un asunto que se puede borrar con una fórmula tan simple como la sugerida por el presidente del Órgano Legislativo.

Aparte de que se requiere deslindar muchos aspectos legales de los contenidos y la tramitación de los contratos otorgados a Oderbrecht, por las consecuencias negativas que puede tener para el Estado panameño como contratante y dueño de las obras, patrocinar la impunidad y abrir la puerta a futuros reclamos por la empresa contratada, a las presentes autoridades le conviene, como ya han expresado varios de sus voceros, que las investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias ‘caiga quien caiga'.

En este caso, por haberse esperado tanto, tal vez como en muy pocos otros, el Órgano Ejecutivo debe crear una ‘Comisión Presidencial' de alto nivel y de incuestionable credibilidad que examine todos los aspectos envueltos y en término perentorio rinda un informe a la nación. El país lo demanda y al gobierno le urge.

Abogado.