Asalto político y económico

A pocos días para el inicio de 2023, año preelectoral y donde se prevé una alta intensidad política en Panamá, todos los colectivos se encuentran sumergidos en plena faena proselitista, en busca de consolidar sus liderazgos a lo interno, para luego entrar de lleno en el fragor de la batalla por el poder político y económico del país.

Resulta rudo utilizar la frase ‘asalto político y económico', pero en Panamá es literal.

El Estado presidencialista dicta facultades plenipotenciarias. El destino de todo se rige a voluntad de una sola persona, que es quien decide, a quién se contrata o concesiona los recursos de la nación.

A partir de allí, se monta una gran estructura que emplaza todo tipo de normas, leyes e interpretaciones subjetivas, en función del qué y del sobre quién recaen los privilegios a la medida de una clase que recibe como premio, todo tipo de prebendas a cambio de la inversión económica y política que realiza para servir a determinados intereses.

El presidencialismo panameño, si bien es cierto, nos ha librado de muchas vicisitudes en el pasado, también ha sido un impedimento para alcanzar el pleno desarrollo del país.

Es más, muchos le atañen la responsabilidad de ser el sistema que promueve la desigualdad social y económica, ya que, al ser un modelo que funciona a discreción del presidente de turno, el mismo carece de institucionalidad y de contrapesos.

Al no ser todos los presidentes, figuras a la altura y honradez del Dr. Belisario Porras, resulta obvio que la interpretación del Estado queda en control de personas, cuyas habilidades para acceder al cargo pasan por sus conocimientos y destrezas para negociar con los sectores económicos y políticos, en medio de una disputa basada en simpatías populares y clientelismo.

Seguir pensando que los problemas del país se solucionan con una buena elección de figuras para el cargo de presidente de la República, resulta un razonamiento muy básico y superficial.

PERIODISTA