• sábado 28 de diciembre de 2024 - 12:00 AM

19 de diciembre de 1979 (2)

La salvaje golpiza pública duró una eternidad. Por ello el recuerdo persiste.

Primero me llevaron al Cuartel Central; cuando vieron que me moría, me llevaron al Hospital Santo Tomás... convulsionando. En forma agravada, intencional, premeditada fui maltratado físicamente, en un acto cruel, inhumano y degradante. Poco les importó a los autores intelectuales y menos aún a los autores materiales dado que sabían, ya para entonces, que su acto encontraba justificación en la corrupción que imperaba y que el manto de impunidad los arroparía siempre, como ya entonces los arropaba y hoy arropa a otros.

Nunca el caso fue debidamente examinado por las autoridades competentes del Estado. Ni entonces ni después. Las autoridades competentes de entonces Ejecutivo, Judicial y Legislativo no procedieron a una investigación.

Pasada la invasión, ilusamente pedí que se iniciara un proceso penal contra el supuesto culpable o culpables de conformidad con la legislación vigente. La entonces Juez Octava del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante auto calendado 29 de abril de 1993, decretó la prescripción de la acción penal por los delitos contra las libertades públicas, libertad individual, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos, de asociación de malhechores y de lesiones personales.

Hoy, cuando aún se han descubierto fosas clandestinas que albergan decenas de cadáveres de los “desaparecidos” por la dictadura y que el jefe del Ministerio Público insiste en ocultar, recordemos también que la represión violenta no fue, lamentablemente, un hecho aislado que pueda archivarse en la memoria por indiferente que se quiera ser.

Fue un capítulo que años más tarde -especialmente de 1987 a 1989- se repetiría, con igual o mayor crueldad, contra numerosas víctimas.

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