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Claves sobre la tesis oficialista de que en 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia

Claves sobre la tesis oficialista de que en 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia
EFE

El procurador general del Estado de Bolivia, Wilfredo Chávez, fue registrado este viernes, durante un acto en el que se dio a conocer el acta electoral final de las elecciones de 2019, en El Alto (Bolivia).

sábado 16 de octubre de 2021 - 4:30 p.m.

Esta semana la Fiscalía boliviana ratificó el cierre del caso llamado "fraude electoral"

El oficialismo en Bolivia ha mantenido acciones permanentes para sostener que durante la crisis política y social que vivió el país en 2019 hubo un "golpe de Estado" y que las denuncias de "fraude" en los comicios de aquel año fueron inducidas por la oposición e instancias internacionales.

La tesis del "golpe de Estado" establecida por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) desde su regreso al poder a finales del año pasado, ha hallado eco en entidades como la Fiscalía y la Procuraduría a la vez que el Gobierno ha hecho interpretaciones de alguna sentencia del Constitucional para sostener su afirmación, en medio de una permanente polarización.

EL CASO "GOLPE DE ESTADO"

En noviembre del año pasado, la exdiputada del gobernante MAS Lidia Patty presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por hechos relacionados a la crisis política de 2019.

Esa denuncia apuntó principalmente al actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho Parada, sobre los que hasta ahora la Fiscalía no ha tomado ninguna medida y más tarde se amplió contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, varios de sus exministros y exjefes militares y policiales.

Áñez cumplió esta semana siete meses de reclusión denunciando supuestas vulneraciones a sus derechos y exigiendo mediante una carta dirigida al presidente del país, Luis Arce, defenderse en libertad y asegurando que fue encarcelada sin pruebas.

CIERRE DEL CASO "FRAUDE"

Esta semana la Fiscalía boliviana ratificó el cierre del caso llamado "fraude electoral" rechazando una apelación que presentó el Tribunal Supremo Electoral por la determinación que esa entidad ya había dispuesto a fines de julio pasado.

La Fiscalía dispuso basada en una pericia encargada al "Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE" de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España de que "no hubo manipulación" de los resultados de las cuestionadas elecciones de 2019.

Este estudio se contrapuso a los resultados de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que detectó irregularidades "muy graves" como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.

NUEVO ANÁLISIS DE ACTAS

Este viernes pasado, la Procuraduría de Bolivia finalizó un análisis de actas electorales de los comicios de 2019 y concluyó que "no ha existido fraude electoral" tras un trabajo de cotejo de actas y resultados oficiales realizado por estudiantes de la carrera de informática de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

En esa labor, el procurador del país, Wilfredo Chávez, que fue abogado del expresidente Evo Morales, dijo que el trabajo de auditoría que realizó la OEA en 2019 no fue tal por supuestos procedimientos omitidos y porque el organismo solamente revisó 226 actas y no las 34.555 que registraron los resultados de esos comicios.

No obstante a esto, el presidente del ente electoral boliviano, Oscar Hassenteufel, dijo hace unos días que por el principio de "preclusión" los actos pasados "ya no se revisan" y los análisis posteriores "no tienen ningún efecto" más que el que "quieran darle los interesados".

SENTENCIA CONSTITUCIONAL

Este viernes pasado, el Gobierno de Bolivia señaló que en 2019 "no hubo un vacío de poder", de acuerdo con una interpretación de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que estableció que "no es posible la sucesión 'ipso facto" tras la dimisión de autoridades electas del Parlamento sin que antes no se hayan analizado y que aquella solo se aplica a la Presidencia del país.

Fue la respuesta a un recurso de nulidad que presentó una legisladora de oposición que reclamaba la presidencia de la Cámara de Diputados y en la que el Constitucional señala que aquella "ejerció la Presidencia de esa Cámara de manera temporal y circunstancial" por el impedimento de la titular del gobernante MAS que debía ser "tratada y aceptada" por el pleno.

En una rueda de prensa en La Paz, el ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que la sentencia "ratificó que en el país hubo un golpe de Estado" aunque esta no hace referencia explícitamente a la sucesión de la expresidenta interina Áñez.

 

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