Venezuela se defiende
- jueves 22 de mayo de 2014 - 12:00 AM
MEDIDAS
La aprobación de un proyecto para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos por parte de una comisión del Senado estadounidense generó posiciones encontradas en Venezuela y dudas sobre si ayudará a resolver la crisis que atraviesa el país.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó la víspera un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos durante las protestas en contra de la inflación, el desabastecimiento y la creciente delincuencia, que han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2,500 detenidos.
El proyecto pide al presidente Barack Obama suspender visas y congelar bienes en territorio estadounidense de funcionarios venezolanos.
Chamos en desacuerdo
El presidente Nicolás Maduro consideró la acción de los legisladores estadounidenses, durante la víspera, ‘realmente detestable’ y pidió a la coalición opositora que se una al Gobierno en el rechazo de posibles sanciones a funcionarios venezolanos.
Opositores y activistas, consultados por The Associated Press, coincidieron en que la acción del Senado estadounidense, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela, dará argumentos al Gobierno para politizar el tema y no atender las fallas.
El coordinador general de la organización no gubernamental local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, afirmó que ese tipo de medidas ‘en vez de debilitar a un gobierno autoritario lo fortalecen porque terminan dándole argumentos para decir que, detrás de la protesta social, lo que hay es una conspiración promovida por Estados Unidos’.
SIP pide condena
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que falle contra Venezuela por ‘haber cerrado de forma ilícita’ en 2007 el canal Radio Caracas Televisión (RCTV), crítico con el Gobierno.