Tribunal ordena pagar $6.5 millones a exfuncionarios y $3.6 millones siguen en espera
- 02/10/2026 19:58
El Tribunal ha ordenado pagos por $6.5 millones desde agosto de 2024
Más de $6.5 millones en prestaciones finales han sido reconocidos a favor de exfuncionarios públicos en los últimos dos años y un mes. Sin embargo, $3.64 millones de ese dinero aún están pendientes de pago o en proceso de ejecución.
Así lo refleja el balance oficial del Tribunal Administrativo de la Función Pública.
Desde que comenzó a operar en agosto de 2024, el Tribunal ha resuelto 944 procesos hasta el 15 de septiembre de 2026, con órdenes de pago que suman $6,545,613.87.
La cifra corresponde a reclamaciones por prestaciones finales de exempleados del Estado, entre ellas vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad y otros derechos laborales.
Del monto reconocido, $1,116,889.62 ya fueron pagados directamente a los beneficiarios, mientras que otros $1,643,420.45 se encuentran en proceso de ejecución.
De acuerdo con el informe, a estos montos se suman $137,880.77 correspondientes a procesos que fueron resueltos mediante acuerdos de mediación entre los exfuncionarios y las instituciones públicas.
El dato que más sobresale del balance es que $3,647,423.03, equivalentes al 56% del monto total ordenado, todavía permanecen pendientes o en proceso de pago.
En otras palabras, de cada $100 reconocidos por el Tribunal a favor de exfuncionarios, unos $56 aún no han sido efectivamente pagados.
El 44% restante corresponde a los montos que ya fueron cubiertos mediante pagos directos, procesos de ejecución concretados y acuerdos de mediación alcanzados entre las partes.
El Tribunal sostiene que su creación garantiza a los ciudadanos una vía para reclamar los derechos económicos que consideren pendientes tras finalizar su relación laboral con una institución pública.
De acuerdo con el informe, a estos montos se suman $137,880.77 correspondientes a procesos que fueron resueltos mediante acuerdos de mediación entre los exfuncionarios y las instituciones públicas.
Uno de los aspectos del procedimiento es que el exfuncionario puede presentar su reclamación mediante un trámite sencillo, informal y gratuito, sin necesidad de contratar un abogado para iniciar el proceso.
Una vez analizado el caso, si el Tribunal determina que existe un derecho a favor del exfuncionario, emite una Resolución Final en la que ordena a la institución correspondiente efectuar el pago.
Si la entidad estatal no cumple con la orden, el beneficiario puede solicitar al Tribunal que inicie el proceso de ejecución contra la institución incumplida, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 2017.
El balance también refleja que la mediación se ha convertido en otra alternativa para resolver algunos de estos conflictos, al permitir que las partes alcancen acuerdos sin necesidad de completar todo el proceso administrativo.
Las cifras oficiales muestran que, desde su puesta en funcionamiento, el Tribunal ha reconocido más de $6.5 millones en derechos económicos reclamados por exfuncionarios. Sin embargo, todavía está pendiente o en proceso de pago una suma superior a B/.3.6 millones.
Para la entidad, estas decisiones también contribuyen a fortalecer una cultura de cumplimiento en las instituciones públicas, al ofrecer a los exempleados un mecanismo formal para reclamar sus prestaciones y obtener una decisión sobre los derechos que consideran pendientes.