¡Trancazo en la educación superior! Comisión bajo fuego por atrasos en planes de estudio

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro no sólo tiene abierto en la Asamblea Nacional el frente del proyecto de ley 83 que prohíbe la reelección en las universidades oficiales del país. Ahora también se le suma los cuestionamientos al manejo administrativo dentro de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA).

Esta comisión es la encargada de fiscalizar, revisar y aprobar los programas, planes y sedes de estudios en todas las universidades particulares de Panamá.

A la CTDA se le señala por posibles incumplimientos en los plazos de revisión y aprobación de los planes de estudio e interpretaciones subjetivas para el reconocimiento de sedes de estudios para carreras presenciales en universidades particulares.

Actualmente lo dirige la Secretaria Técnica, Myrna McLaughlin y lo preside el rector Flores Castro.

Según se conoció, la CTDA incumpliría los plazos de 30 días, estipulados en la norma, para dar contestación a los representantes de las universidades particulares sobre la evaluación y fiscalización de planes y programas.

La demora estaría generando un problema en la programación de la oferta académica de las distintas universidades, lo que ocasionaría que carreras de alta demanda laboral nacional e internacionalmente no puedan ser impartidas por la falta de respuesta de la CTDA.

El proceso de revisión de los planes y programas de las universidades particulares no es gratuito. Existe una tabla tarifaria que obliga a estas universidades particulares a pagar anticipadamente el 50% del costo de la tarifa de los planes y programas aprobada por la misma CTDA.

Desde la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) han sido críticos del manejo de McLaughlin en la CTDA.

El presidente de AUPPA, José Nieto Rojas, envió al presidente de la República, José Raúl Mulino, una carta en la que detalla una “situación preocupante” que afecta a las universidades particulares.

“Nos hemos visto afectados por un incumplimiento de los plazos establecidos en el Resuelto 723-AL del 21 de marzo de 2022 (resuelto que complementa la Ley 52 de 2015). Este retraso en la aprobación o negación de carreras y programas nuevos, que puede oscilar entre 1 y 3 años, está generando una gran incertidumbre y limitando el desarrollo académico”.

Advierte que el manejo dentro de la CTDA “deja a nuestro país rezagado en comparación con el resto de América Latina en materia educativa”.

El presidente de AUPPA explica que la CTDA, según el marco legal vigente, tiene la responsabilidad de asegurar que se cumplan los plazos estipulados de revisión. Sin embargo, es evidente que lo que se está ocasionando es un proceso de evaluación prolongado y que actúa en detrimento de nuestras universidades.Nieto argumentó que la CTDA “no tiene la facultad de detener indefinidamente los procesos de evaluación y su reglamentación, bajo el pretexto de falta de instrumentos o de expertos”.