Tensión: huelga, cierre, allanamiento y detención sacuden al país

Privación de libertad, allanamiento, calles cerradas y un país cada vez más tenso. Así transcurrieron las acciones de ayer en rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), y al memorando de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos (EE.UU).

El conflicto ha escalado a niveles alarmantes. Una agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Ine Guainora, fue privada de libertad durante una manifestación en Darién. Según la institución, fue retenida contra su voluntad, lo que constituye un delito. Senafront pidió a los dirigentes del movimiento que contengan la violencia contra los servidores públicos.

A raíz de este caso, la Fiscalía General abrió una investigación penal.

La tensión también aumentó tras el allanamiento de la sede del Suntracs en David, Chiriquí, lo que encendió los ánimos de los obreros que mantienen un paro de labores desde el pasado 28 de abril. Su dirigente, Saúl Méndez, denunció una persecución política y reiteró que la huelga se mantiene.

Méndez también insistió en que Jaime Caballero, quien fue trasladado el sábado 17 de mayo al centro penitenciario La Joya, donde permanece en una celda de alta seguridad, es un preso político y pidió su liberación.

Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, condenó enérgicamente la violencia registrada durante las protestas.

Ante la crisis, la Universidad de Panamá (UP) ha puesto a disposición su Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos, avalada por la OIT, como un espacio neutral para facilitar el diálogo entre el Gobierno y los sectores, para buscar soluciones. “Lo que necesitamos es diálogo genuino y voluntad de entendimiento”, reiteró el rector de la UP, Eduardo Flores.

Sin embargo, el panorama es complejo. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que si se deroga la Ley 462, no cobrarían pensiones quienes ya están jubilados.

Recordó que en febrero fue necesario aplicar un subsidio para garantizar los pagos y aseguró que la reforma busca evitar el colapso del sistema. Afirmó que derogar la ley pondría en riesgo empleos, pensiones actuales y futuras, lo que significaría destruir lo que se intenta salvar.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino ha sido categórico al señalar que no es viable derogar la Ley 462 y que, de hacerse, eso equivaldría a enterrar la CSS.

Mientras tanto, las protestas continúan y cientos de estudiantes del sector público aún no regresan a las aulas, ya que los docentes están en paro desde el pasado 23 de abril y aseguran que la medida sigue en pie.