San Miguelito | Irma Hernández defiende retiro de vehículos ante reclamos de residentes

“¿Dónde voy a meter mi carro?”. La pregunta de un residente de San Miguelito, molesto ante la advertencia de retiro de su vehículo, terminó convirtiéndose en la frase que resume el nuevo conflicto que enfrenta la Alcaldía del distrito: cómo recuperar aceras y servidumbres ocupadas por automóviles sin ignorar la realidad de comunidades donde muchas viviendas no cuentan con estacionamientos suficientes.

El operativo municipal para retirar vehículos abandonados, en estado de chatarra o que obstruyen el paso peatonal ha provocado un intenso debate en las calles y en las redes sociales. Algunos residentes consideran que la Alcaldía finalmente está actuando frente a un problema que afecta la movilidad y la seguridad de los peatones; otros cuestionan que se retiren vehículos que, aseguran, funcionan y que permanecen en la calle porque sus propietarios no tienen otra alternativa para estacionarlos.

La Alcaldía sostiene que la medida no se dirige únicamente contra vehículos deteriorados. El problema, según ha explicado la administración de Irma Hernández, también está en aquellos automóviles que permanecen en espacios públicos y bloquean aceras, servidumbres o vías de circulación. En estos casos, el estado mecánico del automóvil no elimina el problema si su ubicación impide el paso de peatones o afecta el uso del espacio público.

El procedimiento está amparado en el Decreto Alcaldicio No. 005-2026, promulgado el 13 de abril de 2026. La norma establece un mecanismo excepcional y urgente para la remoción de vehículos abandonados o convertidos en chatarra cuando obstruyan obras públicas, impidan de manera significativa el tránsito vehicular o peatonal, generen riesgos para la seguridad o salubridad o afecten gravemente el uso del espacio público.

Antes de una remoción, los inspectores municipales deben documentar el vehículo, levantar un acta y colocar un aviso visible. De acuerdo con el procedimiento comunicado por la Alcaldía, el propietario dispone de un plazo para retirarlo voluntariamente, mientras que en situaciones consideradas de riesgo o emergencia puede aplicarse la remoción correspondiente. Los vehículos retirados son trasladados a un sitio de custodia y cualquier disposición final debe cumplir los pasos y plazos legales previstos.

La Alcaldía también ha advertido sobre sanciones económicas y los costos asociados al traslado y custodia. En los casos reportados por residentes, los adhesivos colocados sobre los automóviles son precisamente uno de los elementos que más inquietud ha generado, especialmente cuando los propietarios consideran que su vehículo está en condiciones de circular y rechazan que sea tratado como chatarra.

La alcaldesa Irma Hernández ha respondido directamente a los cuestionamientos. En sus mensajes públicos sostiene que desde octubre de 2024 la Alcaldía comenzó a actuar sobre los vehículos ubicados en la vía pública y afirma que anteriormente no existía un proceso reglamentado para atender esta situación. Según sus cifras, ya se han retirado voluntariamente 400 vehículos y otros 36 mediante grúa.

“Cuando hay voluntad política, hay resultados”, afirmó Hernández, quien también pidió paciencia a los vecinos y sostuvo que la administración debe cumplir con el proceso legal antes de proceder con las remociones.

La alcaldesa ha insistido además en que el problema trasciende el aspecto estético. Desde la administración municipal se argumenta que los vehículos abandonados pueden convertirse en focos de enfermedades y alimañas, mientras que los automóviles estacionados sobre las aceras obligan a los peatones a caminar por la calle. También se ha advertido que la obstrucción de las vías puede dificultar el acceso de ambulancias, bomberos y camiones de recolección de residuos.

“Vecino, chatarra que veamos, chatarra que nos llevamos”, advirtió Hernández en uno de sus mensajes recientes, al anunciar la continuidad de los operativos y pedir a los propietarios movilizar voluntariamente los vehículos que permanezcan abandonados o interfieran con el espacio público.

Pero la discusión se vuelve más compleja cuando el vehículo no está abandonado y el propietario sí lo utiliza. Ese es precisamente el argumento de varios residentes que cuestionan a la Alcaldía. “¿Dónde voy a meter mi carro?”, preguntó uno de ellos durante un recorrido de TVN Noticias por el Puente Rojo de Samaria, al señalar que vive desde hace décadas en el sector y que no dispone de un espacio privado para estacionarlo.

La respuesta de Hernández ha sido contundente: la falta de estacionamiento privado no convierte la acera en un estacionamiento. En respuesta a uno de los cuestionamientos en redes sociales, la alcaldesa sostuvo que su administración tiene que atender problemas de basura, falta de espacio público, aceras, agua, seguridad y calles deterioradas, además de trabajar con recursos limitados.

“Cuando uno compra un carro uno se organiza; parte de esa organización es no afectar a terceros”, planteó Hernández.

Las reacciones en redes sociales reflejan precisamente esa división. Un grupo de usuarios respalda a la Alcaldía y considera que las aceras deben estar destinadas a los peatones. Otros sostienen que las autoridades deberían ofrecer alternativas de estacionamiento antes de sancionar a quienes viven en barriadas diseñadas sin suficientes espacios para vehículos.

También hay quienes cuestionan a los propietarios: si una vivienda no dispone de estacionamiento, plantean, la solución no puede consistir en ocupar permanentemente la acera y obligar a los peatones a caminar por la calle. Otros, en cambio, consideran que la Alcaldía debe abordar el problema de infraestructura y planificación urbana que dejó a numerosas comunidades con pocas opciones para estacionar.

El debate, por tanto, ya no gira únicamente alrededor de si un automóvil debe ser retirado. La pregunta de fondo es quién debe asumir el costo de corregir un problema acumulado durante años: el propietario que ocupa la acera, la Alcaldía que debe garantizar el uso del espacio público o una planificación urbana que permitió el crecimiento de comunidades sin suficientes áreas para estacionamiento.

La administración municipal asegura que no pretende detener los operativos. Hernández ha reiterado que existen numerosas comunidades con situaciones similares y que el proceso continuará “paso a paso”, con el argumento de recuperar espacios públicos y mejorar la convivencia.

Mientras tanto, los vecinos enfrentan una disyuntiva concreta: retirar sus vehículos voluntariamente, exponerse a multas y costos de grúa y custodia si incumplen, o encontrar un lugar alternativo en comunidades donde, según denuncian, esos espacios sencillamente no abundan.

El caso de San Miguelito muestra así una tensión que trasciende a un solo distrito. La recuperación de las aceras y servidumbres puede mejorar la movilidad y seguridad de los peatones, pero la aplicación de la medida también obliga a discutir qué alternativas existen para los residentes y cómo se resolverá, a largo plazo, la falta de estacionamientos.

Por ahora, la alcaldesa mantiene su posición: el espacio público no puede convertirse en estacionamiento privado y los operativos continuarán. Los residentes, entretanto, mantienen la pregunta que detonó el revuelo: “¿Dónde voy a meter mi carro?”.