Representante y tesorero son enviados a prisión

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Didia Ruíz, ordenó la detención provisional del representante de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid, Darío González y del tesorero, imputados por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en las modalidades de delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio de una entidad bancaria.

Durante la audiencia celebrada este miércoles 21 de enero, la jueza también impuso cautelares personales a otras tres medidas imputadas —un funcionario de junta comunal, una colaboradora de un banco estatal y una ciudadana— consistentes en reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país y prohibición de acercarse a la Junta Comunal de Arnulfo Arias.

La jueza Ruíz sustentó su decisión tras analizar los argumentos de las partes, considerando que la detención provisional es cónsona con la gravedad de los delitos, los cuales afectan a la sociedad en general. Asimismo, se acreditó la vinculación de los imputados con los hechos investigados y se desarrolló la existencia de riesgo procesal, especialmente peligro para la comunidad, debido a la naturaleza del caso y la cantidad de delitos imputados.

Previamente, la jueza declaró ilegal la aprehensión de los cinco ciudadanos y dio por presentación la formulación de imputación de cargos realizada por el Ministerio Público, representada por la fiscal anticorrupción Ileana Castillo. Los imputados fueron asistidos por cuatro abogados defensores particulares y una abogada del Instituto de la Defensa Pública.

Tanto el Ministerio Público como dos de los defensores técnicos anunciaron recurso de apelación contra las medidas cautelares impuestas. La audiencia para resolver dicho recurso fue fijada para el próximo 5 de febrero, a las 8:30 am, en la sala 5 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Este caso está relacionado con una investigación iniciada en diciembre de 2024, en la cual el Ministerio Público determinó que un grupo de personas falsificó un cheque que fue depositado en una sucursal bancaria y debitado de la cuenta de una universidad ubicada en la provincia de Chiriquí. El monto fue acreditado a una junta comunal y posteriormente se giraron cheques y se realizaron transferencias a diversas personas naturales. La afectación económica supera los 492 mil dólares.