Primeras sentencias por dietilenglicol: Estado deberá indemnizar y pedir disculpas

El Órgano Judicial de Panamá, a través de la magistrada María Cristina Chen Stanzola, informó avances clave en las demandas por indemnización relacionadas con la intoxicación masiva por dietilenglicol, confirmando además las primeras sentencias de fondo en este caso de alto impacto nacional.

Según el informe, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha venido tramitando 472 demandas contencioso-administrativas, de las cuales un 82% ya se encuentra en etapa de fondo, lo que permite avanzar hacia decisiones judiciales concretas para las víctimas.

En estas primeras sentencias, el Tribunal determinó que, aunque en algunos casos no se logró acreditar plenamente todos los daños materiales, sí procede el reconocimiento del daño moral, tomando en cuenta la gravedad del hecho, la vulnerabilidad de las víctimas y el impacto humano del envenenamiento masivo.

Como resultado, se ordenó condenar al Estado panameño, a través de la Caja de Seguro Social (CSS), al pago de $25,000.00 a cada una de tres víctimas: Juan Antonio Cisneros Morán, Yackeline del Carmen Reyes Anderson y Cindy del Carmen Guillén Casiano.

Además de la compensación económica, la sentencia establece medidas adicionales de reparación simbólica y moral. Entre ellas, se ordena a la CSS emitir disculpas públicas por escrito, las cuales deberán ser difundidas en su sitio web institucional y redes sociales por un periodo determinado, así como a través de medios de comunicación.

El fallo también dispone la construcción de un monumento y la colocación de placas conmemorativas con los nombres de las víctimas reconocidas, tanto en la Ciudad de la Salud como en las instalaciones donde operaba el laboratorio responsable de la elaboración del medicamento contaminado.

Igualmente, se instruyó la creación de una sección especial en el portal web institucional con información actualizada sobre los casos de dietilenglicol, incluyendo el estado procesal de cada demanda, como medida de transparencia y acceso a la información.

El Tribunal dejó claro que estas indemnizaciones son independientes de otras prestaciones o ayudas otorgadas previamente por el Estado, como pensiones vitalicias, y que responden a una valoración judicial autónoma del daño causado.

Este avance marca un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del país, reafirmando el compromiso del sistema judicial con la verdad, la reparación y la dignidad de los afectados.