Prestatarias en el centro de críticas por nuevas reglas a Uber e inDrive

No había pasado ni un día del anuncio del Decreto Ejecutivo N.° 10 del 16 de abril de 2026, que regula el transporte selectivo de lujo mediante plataformas digitales, cuando el rechazo se apoderó de las redes sociales y de los conductores. El foco de las críticas es claro: las prestatarias, ahora convertidas en pieza clave y obligatoria para operar en este servicio.

Tanto usuarios como conductores han reaccionado con rechazo a esta figura. En redes, cuestionan que servicios como Uber e inDrive permiten identificar al conductor antes del viaje, algo que no ocurre en el transporte selectivo, lo que les genera dudas sobre la seguridad.

El malestar también se siente en la calle. Conductores de estas aplicaciones advierten que, para seguir operando, deberán contar con el aval de una prestataria, lo que podría traducirse en nuevos costos y más trabas.

“Para nadie es un secreto que los cupos de taxi las autoridades los dan gratis y luego se venden por un ojo de la cara. Ahora, ¿cuánto costará ese aval de las prestatarias? Porque algo deben ganar. Es un juega vivo”, cuestionó Orvin Lara, quien desde hace más de cuatro años maneja en plataformas para complementar sus ingresos ante el alto costo de la vida.

El decreto establece que los conductores deberán ser panameños, contar con licencia tipo E-1, estar paz y salvo, no tener infracciones graves y presentar récord policivo. Además, los vehículos deberán cumplir con requisitos estrictos: no superar los siete años de antigüedad, tener capacidad limitada de pasajeros, portar calcomanías visibles de la empresa intermediaria (prestataria), placa emitida por la ATTT y póliza de seguro vigente.

Pero el punto más sensible sigue siendo el poder que ganan las prestatarias. Estas deberán presentar estudios técnicos para justificar dónde y cuántos autos operan, lo que para muchos abre la puerta a un sistema más cerrado.

“Aquí solo beneficiaron a las prestatarias; no pensaron en más nadie”, reclamó Lara.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) también expresó su preocupación por el decreto, señalando que es importante considerar el impacto que esta regulación podría tener en el turismo, así como el posible aumento de la burocracia y las dificultades para la actividad económica.

“Preocupa especialmente que la obligatoriedad de operar a través de prestatarias introduzca barreras adicionales que incrementen los costos, reduzcan la autonomía y afecten la participación de los emprendedores”, enfatizó la organización.

El presidente José Raúl Mulino reaccionó en su cuenta de X: “He estado leyendo muchas opiniones sobre el Decreto Ejecutivo 10. El lunes me reuniré con la ATTT y el Ministerio de Gobierno para revisar todos esos puntos de vista. No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio”.

Desde la Alcaldía de Panamá también hubo críticas. El alcalde Mayer Mizrachi expresó su desacuerdo: “En vez de subir a los taxis al nivel de Uber, bajan a Uber al nivel del taxi. Estamos haciendo una app para modernizar los taxis y hacerlos competitivos”.

Por su lado, Uber indicó que evaluará las condiciones del decreto; en tanto, inDrive aclaró que “apoya regulaciones que contribuyan a la modernización del transporte, siempre que sean inclusivas y consideren la realidad de los distintos actores del ecosistema”.

inDrive aclaró que requisitos como certificaciones operativas y avales de organizaciones prestatarias podrían impactar a más del 95% de los conductores que utilizan estas aplicaciones como fuente complementaria de ingresos.

En contraste, el sector transportista celebró la medida, al asegurar que finalmente se pone orden tras años denunciando competencia desleal.