Padres de familia respaldan lista de ofensores sexuales

El acceso del público a la lista oficial de agresores sexuales en Panamá ha sido bien recibido por padres de familia, quienes la consideran una herramienta oportuna para proteger a los menores. Por ello, exigen que directores de escuelas y de cualquier lugar que atienda niños revisen la lista antes de contratar personal.

Según la abogada Suky Yard, los directores “están obligados por ley a verificar la lista de ofensores sexuales antes de contratar a cualquier colaborador que trabajará en un entorno con menores de edad”. La jurista aclaró que esta verificación es una responsabilidad directa de quienes administran los centros educativos, ya que la ley exige asegurarse de que los aspirantes no tengan condenas por delitos sexuales.

Javier Lombardo, de la Unión Nacional de Padres de Familia de Escuelas Particulares, señaló que esta es una norma que muchos sectores estaban esperando y reiteró la importancia de revisar las listas, dado que en algunos planteles educativos se han registrado casos. Destacó que, al momento de reclutar personal, no se debe discriminar, pero sí utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a los menores.

Esta reacción surge tras la sanción de la Ley 501 por el presidente José Raúl Mulino, que permite el acceso público al Registro Oficial de Ofensores Sexuales.

La nueva ley crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, una base de datos pública con información de adultos condenados por delitos sexuales, trata o tráfico de menores. El registro será administrado por el Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, encargado de mantenerlo actualizado y de desarrollar la plataforma web de acceso público.

Madres de familia también respaldan la medida. Zayat Serrano señaló que verificar la lista de agresores sexuales antes de contratar personal que trabajará con menores es acertado, necesario y proporcional al riesgo que se busca prevenir.

“La medida es protección antes que reacción. Bien implementada, eleva el estándar de seguridad escolar y manda un mensaje claro: la protección de los menores es prioritaria y no negociable. Las escuelas ganan en prevención, las familias en tranquilidad y la sociedad en responsabilidad compartida”, recalcó.

Por su parte, la ciudadana María Bonilla insistió en que toda persona que trabaje con niños debe ser verificada antes de ser contratada, asegurándose de que no figure en el Registro Oficial de Ofensores Sexuales, para evitar riesgos, ya que ninguna condena ni arrepentimiento borra el daño causado a un menor.

La diputada Paulette Thomas, quien presentó esta iniciativa, afirmó que se trata de una herramienta de prevención y protección para todos los niños y ciudadanos, y que pronto esta información estará disponible para toda la población. ‘¡Lo logramos!’, enfatizó en un video.

El acceso del público a la lista oficial de agresores sexuales en Panamá ha sido bien recibido por padres de familia, quienes la consideran una herramienta oportuna para proteger a los menores. Por ello, exigen que directores de escuelas y de cualquier lugar que atienda niños revisen la lista antes de contratar personal.

Según la abogada Suky Yard, los directores “están obligados por ley a verificar la lista de ofensores sexuales antes de contratar a cualquier colaborador que trabajará en un entorno con menores de edad”. La jurista aclaró que esta verificación es una responsabilidad directa de quienes administran los centros educativos, ya que la ley exige asegurarse de que los aspirantes no tengan condenas por delitos sexuales.

Javier Lombardo, de la Unión Nacional de Padres de Familia de Escuelas Particulares, señaló que esta es una norma que muchos sectores estaban esperando y reiteró la importancia de revisar las listas, dado que en algunos planteles educativos se han registrado casos. Destacó que, al momento de reclutar personal, no se debe discriminar, pero sí utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a los menores.

Esta reacción surge tras la sanción de la Ley 501 por el presidente José Raúl Mulino, que permite el acceso público al Registro Oficial de Ofensores Sexuales. La nueva ley crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, una base de datos pública con información de adultos condenados por delitos sexuales, trata o tráfico de menores. El registro será administrado por el Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, encargado de mantenerlo actualizado y de desarrollar la plataforma web de acceso público.

Madres de familia también respaldan la medida. Zayat Serrano señaló que verificar la lista de agresores sexuales antes de contratar personal que trabajará con menores es acertado, necesario y proporcional al riesgo que se busca prevenir.

“La medida es protección antes que reacción. Bien implementada, eleva el estándar de seguridad escolar y manda un mensaje claro: la protección de los menores es prioritaria y no negociable. Las escuelas ganan en prevención, las familias en tranquilidad y la sociedad en responsabilidad compartida”, recalcó.

Por su parte, la ciudadana María Bonilla insistió en que toda persona que trabaje con niños debe ser verificada antes de ser contratada, asegurándose de que no figure en el Registro Oficial de Ofensores Sexuales, para evitar riesgos, ya que ninguna condena ni arrepentimiento borra el daño causado a un menor.

La diputada Paulette Thomas, quien presentó esta iniciativa, afirmó que se trata de una herramienta de prevención y protección para todos los niños y ciudadanos, y que pronto esta información estará disponible para toda la población. ‘¡Lo logramos!’, enfatizó en un video.

Según datos del Ministerio Público, entre enero y octubre de este año se registraron 4,884 denuncias por violaciones y otros delitos sexuales.