Mulino marca ruptura definitiva con PPC y apuesta por concesión separada para ambos puertos

Desde Penonomé, donde realiza una gira de trabajo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió con firmeza la decisión del Estado panameño de avanzar hacia un nuevo esquema de administración portuaria, rechazando las críticas provenientes de Hong Kong y reafirmando la independencia de los órganos de justicia del país.

De acuerdo con Mulino, Panamá no interfiere en sus tribunales y el fallo de la Corte Suprema de Justicia es “único, definitivo y final”, por lo que debe ser acatado sin cuestionamientos externos.

El mandatario explicó que Hong Kong es una región administrativa especial de China y que la comunicación diplomática formal se canaliza exclusivamente a través de Beijing.

Recordó que la Cancillería panameña ya emitió un pronunciamiento rechazando las declaraciones que sugieren una supuesta campaña estatal contra la empresa portuaria, insistiendo en que Panamá es una democracia con plena separación de poderes.

Mulino justificó la selección de la empresa danesa Maersk, a través de su filial APM Terminals, como administradora temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal durante el periodo de transición.

Señaló que Maersk es el principal usuario del puerto de Balboa, posee experiencia global comprobada y cuenta con la capacidad operativa necesaria para garantizar la continuidad y estabilidad del sistema portuario.

El presidente reiteró que esta etapa es transitoria y que, una vez concluida, el Estado definirá un nuevo esquema de concesión. En ese sentido, fue enfático al afirmar que no se volverá a otorgar una concesión conjunta para ambos puertos a una sola empresa, como ocurrió en el pasado, sino que serán administrados por compañías distintas.

En relación con el arbitraje internacional iniciado por Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, Mulino reconoció el derecho de la empresa a recurrir a esa vía, pero aseguró que el Estado panameño también ejercerá plenamente su derecho a defenderse. Negó categóricamente que el gobierno haya hostigado o amenazado a la compañía, afirmando que las conversaciones sostenidas durante el último año han sido respetuosas, aunque directas.

El mandatario explicó que el órgano ejecutivo está obligado a actuar conforme al fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el contrato de concesión. No obstante, aclaró que mientras la sentencia no esté ejecutoriada, PPC continuará operando ambos puertos con total normalidad, sin interrupciones en los servicios ni afectaciones a las operaciones portuarias.

Mulino sostuvo que Panamá atraviesa un proceso delicado y trascendental, pero que se está manejando con responsabilidad y planificación. Aseguró que existe una estrategia definida desde hace más de un año y que no se trata de decisiones improvisadas, sino de una hoja de ruta diseñada para garantizar la soberanía portuaria y la estabilidad del sector logístico.

Finalmente, el presidente afirmó que Panamá es un país soberano y digno, que no aceptará presiones ni amenazas de ningún país. Reiteró su compromiso con el respeto al Estado de derecho, la continuidad de las operaciones portuarias y la construcción de un nuevo modelo que responda a los intereses nacionales y a las exigencias del comercio internacional.