Mulino habla sobre la Ley que cambiaba reglas de la abogacía

El presidente José Raúl Mulino devolvió sin sanción el Proyecto de Ley 168, que pretendía modificar la Ley 350 de 2022 sobre el ejercicio de la abogacía en Panamá. La decisión se sustenta en que las reformas representaban un retroceso en los estándares de calidad y ética que demanda la profesión legal en el país.

Hoy en conferencia de prensa semanal, manifestó que “yo como abogado, lo que quisiera es una profesión ejercida de manera profesional y responsable, y no a través de la obtención de títulos por ahí, sin mayores formalidades, ni comprobación de la capacidad jurídica de sus aspirantes”.

De igual forma explica que “fue vetado por inconvenientes alguna de sus normas. Recibimos muchas opiniones del presidente del Colegio Nacional de Abogados y de otros sectores, objetando los temas que veté. El examen, por ejemplo, se trasladó la competencia o las funciones de pasar ese examen a la Facultad de la Universidad de Panamá, no como estaba, y respaldada por un fallo en la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, ese es el primer obstáculo”.

Según la objeción enviada a la Asamblea Nacional, el mandatario señaló que el proyecto flexibilizaba en exceso los requisitos para obtener la idoneidad de abogado. Entre los cambios, se proponía que, en lugar de aprobar el examen profesional, los aspirantes pudieran optar por publicar su tesis en una revista indexada o cumplir con tres meses de servicio voluntario en despachos judiciales.

Mulino advirtió que estas opciones “disminuyen la rigurosidad” y podrían generar desconfianza en la sociedad, debilitando los mecanismos de control y reduciendo la preparación de los futuros juristas.

Otro punto objetado fue la transferencia de la aplicación del examen de idoneidad a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, en reemplazo de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Según el Ejecutivo, esto contraviene lo establecido en el Código Judicial y pone en riesgo la imparcialidad del proceso.

Finalmente, el presidente también objetó la reforma al artículo 9 de la ley vigente, que imponía suspensiones y destituciones a funcionarios que permitieran el ejercicio ilegal de la abogacía. A su juicio, la redacción era ambigua y podía vulnerar el debido proceso, al no diferenciar la gravedad de las faltas cometidas.

Mulino concluyó que el proyecto, lejos de fortalecer la excelencia académica y profesional, “contribuye al menoscabo de los principios éticos fundamentales que deben regir la profesión”.