Mulino defiende expropiación en Isla Margarita y anuncia licitación internacional para nuevo puerto

Tres días después de decretar la expropiación de 41 fincas en Isla Margarita, en la provincia de Colón, el presidente José Raúl Mulino explicó los motivos detrás de la medida y adelantó los próximos pasos para el desarrollo de un puerto de clase mundial en la entrada atlántica del Canal de Panamá.

“Desde que yo recuerdo, a inicios de los años 90, el proyecto en Isla Margarita viene sonando y dando tumbos, y nunca para bien. Siempre había una roca, siempre había un negociado, siempre había un chino más maliente que el otro, comiéndose entre sí, pero no desarrollando el puerto y mucho menos la concesión”, relató Mulino durante su conferencia semanal celebrada en la ciudad de Santiago, en Veraguas.

El mandatario aclaró que la concesión en manos de Panamá Colón Container Port, Inc., que totalizaba 77 hectáreas, fue eliminada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y que la propiedad de los terrenos ahora pasa a manos de la Nación.

“Ahora la nación es propietaria de todo, y le he pedido a la Autoridad Marítima que comience ya la elaboración de los términos y condiciones para una licitación internacional abierta a todos los competidores en los primeros meses de 2026”, agregó.

Según el presidente, se espera que importantes operadores portuarios internacionales participen en el proceso de licitación.

“Isla Margarita va a tener mucha competencia, y ojalá vengan los mejores para que pueda ser adjudicada pronto y se inicie la construcción de un puerto de clase mundial para beneficio de todo Panamá, con un centro de transbordo logístico que impulse inversión extranjera y genere empleo”, destacó.

El Decreto Ejecutivo N.º 90, firmado el pasado 20 de octubre, justifica la expropiación por incumplimientos de la concesionaria en temas como falta de pago de cánones y recargos por más de 1.4 millones de dólares, ausencia de fianzas de cumplimiento vigentes desde 2022, y negativa a permitir el ingreso de peritos para realizar avalúos.

Además, se señala que la empresa no mantenía oficinas donde realizar comunicaciones oficiales, lo que imposibilitó la diligencia de avalúo.

Mulino enfatizó que la decisión responde a un interés social urgente y estratégico, ya que los terrenos expropiados son necesarios para consolidar un proyecto portuario en un sector clave de la entrada atlántica del Canal.

“Después de años de intentos de negociación y procesos legales sin resultados, el Estado aplica su facultad constitucional para asegurar el mayor bien a la colectividad”, subrayó.

El presidente recordó que este proyecto es prioritario para Panamá y que la expropiación permitirá superar los obstáculos que impidieron avanzar con la concesión inicial otorgada en 2013, cuando la AMP repartió 81.51 hectáreas de fondo de mar entre PCCP y United Crown Construction Inc.